Redacción / Quintana Roo Ahora
Chetumal.- Después de siete meses en la congeladora legislativa, dos de las cuatro iniciativas ciudadanas promovidas por habitantes de 11 municipios de Quintana Roo finalmente fueron leídas en el pleno del Congreso estatal y turnadas a comisiones para su estudio y dictaminación. Se trata de la llamada “Ley Tajamar” y la “Ley Pok Ta Pok”, ambas ingresadas a través de los mecanismos establecidos en la Ley de Participación Ciudadana. Su lectura se realizó este miércoles, durante la sesión 24 del primer periodo ordinario.
La “Ley Tajamar” plantea reformas a la Ley de Asentamientos Humanos y a la Ley de Protección Civil, con el objetivo de obligar a los municipios a contar con Atlas de Riesgo actualizados y vinculados a la planeación urbana. La propuesta establece que dichos instrumentos —clave para prevenir asentamientos en zonas de alto riesgo— deberán actualizarse cada tres años, o cada dos en el caso de fenómenos geológicos e hidrometeorológicos, y publicarse tanto en el Periódico Oficial del Estado como en los portales municipales.
Esta iniciativa surge de sentencias judiciales que evidenciaron omisiones en los procesos de planeación urbana, particularmente en Cancún, donde el Programa de Desarrollo Urbano fue aprobado sin un Atlas de Riesgo vigente. Además, la Suprema Corte subrayó la importancia de estos instrumentos para la protección de ecosistemas como cenotes y para evitar construcciones en zonas vulnerables. Actualmente, 10 de los 11 municipios cuentan con un Atlas, aunque algunos datan de más de una década y permanecen sin actualizar.
Por su parte, la “Ley Pok Ta Pok” busca incorporar de manera obligatoria el concepto de capacidad de carga ambiental en la planeación urbana, a fin de evitar autorizaciones que excedan la infraestructura disponible y generen impactos irreversibles en los ecosistemas. La propuesta mandata estudios específicos sobre capacidad ecológica, hídrica, atmosférica, urbana, turística y de residuos antes de aprobar instrumentos o proyectos urbanísticos, y establece que cualquier obra autorizada sin estos diagnósticos será considerada inválida.
Esta iniciativa responde a la preocupación por el crecimiento descontrolado de desarrollos turísticos y habitacionales en municipios como Cancún y Tulum, donde la falta de drenaje y el incremento de densidades han acelerado la contaminación de cenotes, lagunas y zonas costeras. El documento también busca limitar los Polígonos de Actuación, reformar el procedimiento de Dictamen de Congruencia Urbanística y prohibir autorizaciones que sobrepasen las capacidades de carga establecidas.
Ambas propuestas avanzarán ahora a las Comisiones de Puntos Legislativos, Desarrollo Urbano, Seguridad Ciudadana, Protección Civil, Medio Ambiente y Técnica Parlamentaria, donde se determinará su futuro legislativo. Para las y los ciudadanos que impulsaron estas reformas, el turno a comisiones representa un paso significativo en su esfuerzo por fortalecer la planeación urbana, reducir riesgos y proteger el derecho humano a un medio ambiente sano en Quintana Roo.
