Redacción / Quintana Roo Ahora
Quintana Roo.- Hay iniciativas que nacen con claridad, con propósito y con un sentido elemental de justicia. La reforma para garantizar el acceso gratuito a las playas públicas de México es una de ellas. Fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Por unanimidad. Algo casi milagroso en la política nacional, donde cada voto normalmente viene acompañado de negociaciones, caprichos y cálculos electorales.
Pero ese milagro legislativo terminó estrellándose contra el muro más viejo y resistente del país: la parálisis política por conveniencia.
Desde el 7 de octubre, la reforma está en el Senado… o más bien, está secuestrada en la Comisión de Turismo, presidida por el senador quintanarroense Eugenio “Gino” Segura Vázquez, quien no ha convocado ni a una sola reunión para discutirla. Ni una. Cinco semanas de silencio, indiferencia y opacidad.
Así lo denunció el diputado y dirigente de MC, José Luis Pech Várguez, quien lanzó una pregunta que ya muchos ciudadanos se hacen en voz alta:
¿Para quién trabaja Gino Segura? ¿Para los hoteleros o para el pueblo?
Porque la respuesta, a estas alturas, empieza a parecer obvia.
Playas libres… pero sólo en el discurso
La reforma es simple y necesaria:
- Un día gratuito en áreas naturales protegidas.
- Creación del Registro de Accesos a Playas.
- Y, sobre todo, dejar clarísimo en la ley que las playas son bienes públicos y nadie puede bloquearlas, privatizarlas o convertirlas en propiedad del mejor postor.
Pero en lugar de avanzar, está congelada. “Dormida”, dice Pech.
Dormida… pero estratégicamente colocada donde más conviene a quienes llevan décadas ganando dinero gracias a accesos restringidos, cuotas ilegales y vallas que convierten un bien de la nación en un negocio privado.
No es casualidad. Es política.
Quintana Roo: el epicentro del atropello
El retraso legislativo no es sólo un problema burocrático. En Quintana Roo, la privatización de hechos —no de derecho— continúa:
- Accesos bloqueados en Tulum.
- Cobros indebidos en Playa del Carmen.
- Polémicas con clubes de playa en Isla Mujeres.
- Restricciones disfrazadas de “seguridad” en Cancún.
Pech lo dijo claro: “No es una concesión graciosa. Tenemos más de 500 kilómetros de playa. Son bienes nacionales y deberíamos poder disfrutarlos sin obstáculos.”
Pero la realidad es otra. Las playas siguen siendo tratadas como propiedad reservada para clientes VIP, turistas de alto poder adquisitivo y proyectos que compran silencio a base de influencia.
Un déjà vu legislativo
Lo más indignante es que esto ya había pasado.
En 2021, el propio Pech —cuando era senador— promovió una reforma para recuperar 10 metros de Zofemat en favor del uso público. ¿Qué pasó? Aprobada en el Senado, congelada en Diputados. Muerta por conveniencia.
Hoy ocurre lo contrario: la reforma fue aprobada en Diputados, pero está muerta —por ahora— en el Senado. Y de nuevo, los protagonistas coinciden:
- Ricardo Monreal: ayer presidente del Senado, hoy de la Cámara de Diputados.
- Adán Augusto López: hoy presidente del Senado, enfrentado políticamente con Monreal.
- Gino Segura: alineado con Adán Augusto.
- Y la reforma en medio, aplastada por grillas internas.
La playa es pública, pero la política es privada.
La pregunta que nadie quiere contestar
Pech lanzó la piedra que muchos evitan:
¿Qué intereses frenan una reforma tan sencilla y tan necesaria?
Intereses hoteleros.
Intereses políticos.
Intereses económicos.
Intereses que jamás aparecen en una iniciativa, pero siempre aparecen en las consecuencias.
Gino Segura pidió la Comisión de Turismo. La quería. La presumió.
Pero ahora que tiene una iniciativa que implica ponerse del lado del pueblo o del lado de los hoteleros… decide no convocar.
El silencio también es una decisión política.
Mientras tanto… las playas siguen secuestradas
Cada día que pasa sin que la Comisión de Turismo sesione es un día ganado por los negocios que lucran con lo que es de todos.
Es un día perdido para los ciudadanos que siguen topándose con rejas, cobros, guardias privados y cadenas que no deberían existir.
La reforma no está dormida.
Está detenida a propósito.
Y hasta que el Senado no haga su trabajo, la pregunta seguirá abierta:
¿De qué lado está Gino Segura?
¿Del de los intereses turísticos o del de la ciudadanía que lo eligió?
Porque las playas son públicas por ley.
Pero por política… todavía no.
