Redacción / Quintana Roo Ahora
CDMX.- El Senado de la República aprobó este martes la prohibición total de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en todas las actividades económicas del país, un movimiento legislativo que no solo cierra la puerta al comercio de estos dispositivos, sino que redefine el modelo de compras, operación e infraestructura del sistema público de salud.
Con 76 votos a favor, provenientes principalmente de Morena y el Partido Verde, la Cámara Alta avaló la minuta enviada por la Cámara de Diputados. En contraste, PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y el PT —este último aliado de Morena en otros dictámenes— votaron en contra con 37 sufragios, denunciando excesos regulatorios y riesgos en la administración de los recursos sanitarios.
Hasta 8 años de cárcel por producir o comercializar vapeadores
La reforma establece sanciones severas para quienes participen en la producción, fabricación, comercio, suministro, publicidad o propaganda de vapeadores y cigarrillos electrónicos. Las penas irán de uno a ocho años de prisión, además de multas que pueden alcanzar los 226 mil pesos.
El endurecimiento legal llega tras diversos reportes sobre el crecimiento del mercado informal de estos productos, incluidos casos documentados de reclutamiento de menores para su venta en escuelas, particularmente en Guanajuato.
Un rediseño profundo del sistema de salud
Aunque la prohibición de los vapeadores acaparó la atención pública, el dictamen aprobado tiene un alcance mucho mayor: centraliza las compras públicas de medicamentos y equipo médico, formaliza herramientas digitales de atención y reorganiza el manejo de recursos del Fondo de Salud para el Bienestar.
De acuerdo con la reforma al artículo 7, la Secretaría de Salud asumirá la conducción total de las compras consolidadas. La dependencia coordinará la planeación, integración de demanda y supervisión de adquisiciones de medicamentos, insumos y equipo médico de toda la Administración Pública Federal, con el argumento de obtener mejores precios y asegurar el abasto.
Asimismo, se incorpora de manera formal la telesalud, la telemedicina y el expediente clínico electrónico, con la intención de ampliar la atención en zonas rurales y marginadas, donde la escasez de especialistas sigue siendo una barrera histórica.
La reforma también impulsa la creación de un Plan Maestro de Infraestructura en Salud y Equipamiento de Alta Tecnología, desde el cual la Secretaría centralizará la planeación, construcción y sustitución de unidades médicas.
Oposición critica eliminación de porcentajes fijos en el Fonsabi
Uno de los puntos más controvertidos de la discusión fue la modificación al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi). El dictamen elimina los porcentajes fijos previamente destinados para rubros como enfermedades catastróficas —incluyendo cáncer e insuficiencia renal—, infraestructura y abasto.
Según la mayoría legislativa, esta medida permitirá “descongelar” recursos que antes no podían usarse debido a preasignaciones rígidas. Sin embargo, la oposición alertó sobre los riesgos de discrecionalidad y falta de claridad en el destino de recursos para tratamientos de alto costo.
Tras la reforma, el IMSS-Bienestar será la instancia encargada de asignar el gasto por concepto de atención médica, previa aprobación del Comité Técnico del propio Fondo.
