Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún no sólo es el motor turístico del Caribe mexicano: hoy también es, tristemente, el epicentro de la extorsión en toda la Península de Yucatán. De acuerdo con datos de la delegación local de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), este municipio concentra más del 85% de los casos registrados en la región, una cifra que pinta un retrato incómodo de la normalización del miedo.
María Jovita Portillo Navarro, presidenta de Coparmex Cancún, detalló que tan sólo entre enero y noviembre de 2025 se acumularon 162 denuncias formales por este delito, lo que representa un aumento del 62% en comparación con 2024. Pero, como suele ocurrir en este tipo de historias donde el silencio pesa más que los números, esa cifra es apenas la punta del iceberg.
“Estos números sólo reflejan los casos denunciados oficialmente, pues organizaciones independientes estiman que hasta 90% de los delitos de extorsión no se denuncian por miedo, represalias o desconfianza en las instituciones, lo que significa que la dimensión real del problema puede ser hasta 10 veces mayor”, advirtió la lideresa empresarial.
Portillo Navarro fue clara en un punto que muchas veces se intenta maquillar con resignación: la extorsión no puede asumirse como un “costo operativo” más, sin importar si se trata de una microempresa o de un gran corporativo. Hacerlo, dijo, es aceptar que la economía formal, el empleo y el desarrollo social se construyan sobre una base de miedo y chantaje.
Desde su perspectiva, este delito debe colocarse en el centro de la agenda pública, como una prioridad real y no sólo discursiva. Para ello, consideró indispensable impulsar reformas que permitan instrumentar con eficacia la Ley General contra la Extorsión, con penas verdaderamente disuasivas y protocolos de investigación que no se queden en el papel.
En el ámbito local, la presidenta de Coparmex llamó a crear unidades especializadas dentro de las Fiscalías Estatales, capaces de combatir con inteligencia a los grupos que operan al margen de la ley, pero también de ofrecer protección y garantías reales a víctimas, denunciantes y testigos, con el objetivo de reducir la enorme “cifra negra” que hoy oculta la verdadera magnitud del problema.
“No sólo extorsionan dinero: extraen oportunidades, destruyen dignidad y fracturan el tejido social. Es momento de actuar con decisión y voluntad política para proteger la inversión y permitir que haya desarrollo sin coerción ni miedo”, sentenció.
En una ciudad que vive de proyectar una imagen de prosperidad y futuro, la extorsión se ha convertido en esa grieta incómoda que nadie quiere ver, pero que amenaza con resquebrajarlo todo si se sigue posponiendo la respuesta. Porque ningún destino puede sostenerse cuando el miedo empieza a cobrar derecho de piso.
