Redacción / Quintana Roo Ahora
Tulum, QR.- La mañana del jueves 15 de enero se llevó a cabo el desalojo de alrededor de 40 familias que ocupaban de manera irregular una vía pública en la colonia Carlos Joaquín, en el municipio de Tulum. La diligencia fue encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE), con el apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, así como del Ejército Mexicano, y se realizó sin que se registraran conatos de violencia.
Durante el operativo también fue asegurado un taxi del sindicato Tiburones del Caribe, presuntamente relacionado con hechos de ejecución, además de armas de fuego. Al respecto, el secretario general del Ayuntamiento de Tulum, Johnny Monsreal Padilla, informó que la acción derivó de una denuncia ciudadana interpuesta por vecinos de la zona, quienes señalaron afectaciones directas por la invasión de la avenida Juanek.
El funcionario explicó que los vecinos se organizaron y presentaron la denuncia ante la Fiscalía, al considerar que las construcciones irregulares sobre la vía pública representaban un riesgo para la seguridad. Tras las investigaciones correspondientes, la FGE obtuvo un ordenamiento judicial para la recuperación del bien, el cual es propiedad del Ayuntamiento, al tratarse de una vialidad pública.
Monsreal Padilla precisó que la autoridad municipal únicamente fue notificada para recibir nuevamente la posesión del espacio una vez concluido el procedimiento legal, subrayando que el objetivo principal fue restablecer la vialidad. Asimismo, indicó que se estaba a la espera de que el ordenamiento judicial detallara el destino de las viviendas improvisadas retiradas, para posteriormente tomar decisiones en consenso con los vecinos afectados.
En cuanto al número exacto de personas involucradas, señaló que aún se realizaba el levantamiento de información, aunque hasta ese momento se tenía registro de entre 40 y 50 vecinos que manifestaron haber sido afectados por la situación.
Por su parte, Alejandro Patiño, uno de los vecinos denunciantes, afirmó que la invasión de la vía pública había generado un aumento en la inseguridad de la zona, además de afectaciones económicas y patrimoniales para los residentes.
