Redacción / Quintana Roo Ahora
Estados Unidos.- En un contexto internacional donde la sombra de la fuerza y la soberanía chocan con la retórica de seguridad nacional, un grupo significativo de legisladores estadounidenses decidió poner un freno —y de manera muy pública— a lo que para ellos sería un error geopolítico y una afrenta histórica. El pasado 9 de enero, al menos 75 miembros del Congreso de Estados Unidos enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, rechazando de manera contundente el uso “no autorizado” de la fuerza militar en Latinoamérica, específicamente en Venezuela y, sobre todo, aludiendo a amenazas que podrían implicar una acción militar estadounidense dentro del territorio mexicano sin consentimiento de México ni autorización del Congreso.
En la misiva —forjada en medio de la polémica generada por los recientes movimientos de la Casa Blanca en la región— los legisladores no se quedan en advertencias diplomáticas: señalan que el propio presidente Donald Trump ha afirmado falsamente que podría ordenar legalmente una acción militar contra México sin la previa autorización del Congreso. La referencia apunta a declaraciones del mandatario en medios estadounidenses, en las cuales vinculó la violencia de los cárteles de la droga con una solución de orden militar, sugiriendo que “tenemos que hacer algo”.
Más allá de la retórica, el grupo de legisladores pone el dedo en la llaga de un debate mayor: la violación de la soberanía mexicana y las posibles consecuencias políticas, económicas y humanitarias de una intervención armada. Para quienes rubrican la carta, cualquier incursión sin autorización y sin acuerdo bilateral no solo sería un atropello legal, sino una fractura grave en las relaciones con un socio estratégico —como han descrito a México— y una herida profunda a la cooperación en temas de seguridad y migración.
El documento subraya que México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha intensificado su colaboración con Estados Unidos en materia de extradiciones y combate al crimen organizado, incluyendo la entrega de decenas de presuntos narcotraficantes buscados por la justicia estadounidense y la supervisión de incautaciones históricas de fentanilo. Estos gestos, argumentan, no solo demuestran voluntad política sino que abonan a una relación de respeto mutuo que una intervención unilateral pondría en riesgo.
Desde el otro lado de la frontera, la advertencia de los congresistas resuena como una llamada de atención interna: instan a la administración a comprometerse a no emprender ninguna acción militar unilateral en territorio mexicano sin la autorización del Congreso. Ese llamado, en un país donde la separación de poderes y la supervisión legislativa son pilares constitucionales, no es menor.
Este episodio, entretejido con los ecos de operaciones en Venezuela que han tensado aún más las relaciones regionales, revela un punto de inflexión: la seguridad no puede —ni debe— convertirse en pretexto para desdibujar fronteras, ignorar soberanías o dinamitar décadas de cooperación. Para muchos, si hay algo que la historia de Estados Unidos y México ha enseñado es que los caminos compartidos son siempre más sólidos cuando las decisiones se construyen desde el respeto y no desde la imposición.
Si lo que buscamos es paz, orden y respeto en nuestra región, la respuesta no está en la sombra de tanques o soldados, sino en la claridad de acuerdos y la firmeza del derecho internacional.
