enero 31, 2026
La STPS informó que 13.4 millones de trabajadores se beneficiarán con la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas desde 2027.

Redacción / Quintana Roo Ahora

Ciudad de México.- La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que la reforma para reducir de manera gradual la jornada laboral beneficiará a 13.4 millones de trabajadores en el país. De este total, 2.7 millones laboran actualmente entre 49 y 57 horas semanales, mientras que más de dos millones superan incluso las 58 horas a la semana.

Durante su participación en la reunión plenaria de diputados de Morena, el titular de la STPS, Marath Bolaños, explicó que el ajuste contemplará pasar de 48 a 40 horas laborales por semana, con una reducción de dos horas por año a partir de 2027. Aclaró que esta modificación no implicará disminución en salarios ni en prestaciones.

El funcionario detalló que los sectores que registrarán mayores beneficios serán la industria manufacturera, el comercio mayorista y minorista, los servicios de hospedaje y alimentos, así como el transporte, correos y almacenamiento.

Añadió que, además de la reforma constitucional, se plantean cambios a la Ley Federal del Trabajo para fortalecer el salario, de modo que los trabajadores reciban el mismo ingreso con menos tiempo de trabajo.

Asimismo, adelantó que el Ejecutivo enviará en las próximas semanas una iniciativa para crear un certificado laboral dirigido al sector agroexportador. Este mecanismo buscará formalizar a más de 200 mil trabajadores agrícolas, garantizando condiciones laborales adecuadas y acceso a la seguridad social.

Bolaños explicó que esta medida se enfocará en cultivos de alto valor como aguacate, berries, espárragos y jitomate, además de cumplir con compromisos laborales establecidos en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Finalmente, señaló que esta propuesta implicará reformas a la Ley Federal del Trabajo para permitir inspecciones laborales y asegurar el cumplimiento de la seguridad social, así como ajustes a la Ley de Comercio Exterior para incorporar criterios laborales como requisito en la exportación de productos.