Paso En Falso
En Quintana Roo estamos asistiendo a una escena conocida, pero no por ello menos grave: el poder público arropando intereses privados mientras la legalidad y el medio ambiente quedan en segundo plano. El caso del megaproyecto Perfect Day en Mahahual no es sólo una discusión técnica sobre permisos o tiempos administrativos; es la radiografía de un gobierno que decidió jugar en todas las posiciones del tablero. Y en el centro de esa jugada está Mara Lezama, gobernadora que hoy funge, al mismo tiempo, como abogada defensora, juez político y parte interesada de los grandes hoteleros, en este caso, de Royal Caribbean.
Pese a una suspensión judicial vigente y a una clausura ambiental ordenada por autoridades federales, el gobierno estatal no sólo no se deslinda, sino que acelera, impugna y empuja. No es la empresa trasnacional la que sale a dar la cara ante los tribunales: son autoridades municipales y estatales las que meten las manos al fuego por ella. El mensaje es claro y preocupante: cuando el capital extranjero toca la puerta, la ley se flexibiliza, la consulta ciudadana se vuelve opcional y el discurso de la sustentabilidad se reduce a un eslogan cómodo.
Mahahual, una comunidad pequeña y frágil, aparece en este relato como daño colateral. Sin infraestructura suficiente, con un ecosistema costero altamente vulnerable y sin haber sido consultada como marca la ley, se le pretende imponer un modelo turístico sobredimensionado. Todo bajo la promesa de desarrollo y derrama económica, esa vieja narrativa que históricamente ha beneficiado a unos cuantos y ha dejado a muchos con playas privatizadas, servicios colapsados y decisiones tomadas desde oficinas con aire acondicionado.
Que la gobernadora defienda una “gran inversión” (más de 600 millones de DÓLARES) mientras su propio gobierno combate suspensiones judiciales y tolera trabajos sin autorización ambiental coloca a Mara Lezama en una posición incompatible con el Estado de derecho. No se puede ser árbitra y jugadora al mismo tiempo. Si el proyecto es tan sustentable como se afirma, que lo demuestre en tribunales, con procesos limpios y consulta pública real. De lo contrario, Perfect Day no será recordado como un paraíso turístico, sino como otro capítulo donde el poder eligió al dinero por encima de la ley y del territorio.
