Paso en Falso
Hay momentos en que la realidad desnuda lo que durante meses fue rumor de pasillo. La detención en Cancún de un exdirectivo ligado a The Dolphin Company no la ejecutó la Fiscalía estatal, tampoco fue resultado de una investigación local ejemplar. Fueron elementos de la Guardia Nacional quienes cumplimentaron el mandamiento judicial y lo trasladaron hasta el Reclusorio Varonil Sur, en la Ciudad de México. Y ese dato, más que administrativo, es profundamente político.
Porque mientras en la capital del país se movían piezas, en Quintana Roo predominaba el silencio. No es menor que versiones periodísticas apunten a una investigación por presunto fraude financiero y que, aun así, la acción haya venido desde el ámbito federal. La pregunta inevitable es qué hacía —o qué no hacía— la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. La inacción no es neutral: cuando el poder local calla frente a un empresario con peso económico, el mensaje que se envía es que la ley puede esperar… si conviene.
El contexto agrava la sospecha. El grupo empresarial atraviesa una reestructura financiera compleja, con deudas, ajustes internos y presión internacional. En ese escenario, la detención no es sólo un hecho judicial, es una sacudida corporativa. Pero también exhibe las redes de protección política que suelen tejerse en estados donde el poder ejecutivo concentra influencia. Cuando la justicia depende de afinidades y no de pruebas, el estado de derecho se convierte en moneda de cambio.
Y aquí es donde la figura de Mara Lezama queda inevitablemente bajo escrutinio. No se trata de culpas anticipadas, sino de responsabilidades políticas. Si la federación tuvo que intervenir ante la pasividad local, la ciudadanía merece explicaciones. Quintana Roo no puede seguir siendo territorio donde los intereses empresariales se confunden con los del gobierno. La justicia selectiva erosiona la confianza pública y, peor aún, normaliza la idea de que el poder protege a los suyos hasta que alguien más alto en la jerarquía decide que ya no.
