febrero 5, 2026
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Redacción / Quintana Roo Ahora

Cancún, QR.- Vecinos del residencial Santa Fe II, en Cancún, denunciaron públicamente una serie de presuntos envenenamientos de gatos, hechos que han generado alarma entre los habitantes de la zona ante la falta de atención por parte de las autoridades municipales encargadas del bienestar animal y la protección ambiental.

De acuerdo con testimonios de los propios dueños de las mascotas afectadas, los hechos se han repetido en distintas fechas y existiría la sospecha fundada de que un vecino estaría involucrado en estos actos. Sin embargo, al solicitar apoyo a través del número de emergencias 911 o al comunicarse directamente con la Secretaría Municipal de Ecología y Desarrollo Urbano de Benito Juárez, los denunciantes aseguran haber recibido como respuesta que se trata de un “conflicto vecinal” y que debe resolverse entre particulares.

Los vecinos señalaron que esta postura institucional ha provocado indignación y desprotección, ya que consideran que el envenenamiento de animales constituye un delito y un acto de crueldad, no un simple desacuerdo entre residentes.

Asimismo, denunciaron que no es la primera vez que la Dirección de Bienestar Animal es señalada por omisiones, pues afirman que existen múltiples quejas previas relacionadas con la atención deficiente a reportes ciudadanos, así como casos de desaparición de mascotas, en los que a los propietarios únicamente se les informa que los animales “se escaparon”, sin una investigación clara o seguimiento.

En este contexto, los habitantes de Santa Fe II acusaron al titular de la Dirección de Ecología, Fernando Haro Salinas, de no atender de manera adecuada los casos de maltrato animal, al tiempo que —según los denunciantes— se mantiene al margen de problemáticas ambientales y sociales mientras enfoca sus esfuerzos en avalar grandes desarrollos y construcciones dentro del municipio.

Los vecinos exigieron la intervención inmediata de las autoridades municipales, la apertura de una investigación formal y la aplicación de la ley correspondiente, al advertir que la omisión institucional no solo permite la repetición de estos actos, sino que normaliza la crueldad animal y vulnera la seguridad de la comunidad.