Tras el rechazo en el Congreso a su iniciativa de reforma electoral, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó un “Plan B” que busca reducir los gastos en congresos locales y ayuntamientos, además de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana mediante consultas populares.
La mandataria explicó que la propuesta plantea establecer topes al presupuesto destinado a congresos estatales y regidurías, con el objetivo de eliminar privilegios y generar un ahorro estimado de 4 mil millones de pesos, recursos que permanecerían en los propios estados y municipios.
Durante su exposición, Sheinbaum señaló que actualmente existen altos costos en algunos congresos locales. Como ejemplo, mencionó que en Baja California el gasto por legislador supera los 34 millones de pesos, mientras que en Morelos rebasa los 31 millones de pesos, cifras que incluyen gastos operativos como servicios, personal y mantenimiento de edificios.
También cuestionó el número de regidores en algunos municipios del país. Indicó que en ciudades como Monterrey existen 28 regidores, en Puebla 23 y en Altamira 21, lo que —dijo— representa estructuras administrativas que pueden resultar excesivas.
Además, señaló que en algunos casos funcionarios municipales perciben salarios superiores al de la propia Presidencia, llegando incluso a ingresos cercanos a 500 mil pesos mensuales.
El Plan B también propone ampliar el alcance de las consultas populares, de modo que la ciudadanía pueda opinar directamente sobre temas electorales. Asimismo, plantea que la revocación de mandato pueda realizarse en el tercer o cuarto año de gobierno.
La presidenta sostuvo que estas medidas buscan continuar con la reducción de privilegios en el servicio público y fortalecer la participación ciudadana, luego de que la reforma electoral original no lograra el respaldo necesario en el Congreso.
