Quintana Roo.- Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) exhibe un posible esquema de triangulación de recursos públicos vinculado al contrato para la emisión de pasaportes en México, otorgado en 2020.
El reportaje señala que la empresa Grupo de Tecnología Cibernética (Grupo Tecno), beneficiada con un contrato por 3,800 millones de pesos por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, entonces encabezada por Marcelo Ebrard, habría transferido más de 65 millones de pesos a una red de empresas catalogadas como “fantasma” en Quintana Roo.
Transferencias bajo sospecha
De acuerdo con la investigación, las operaciones financieras comenzaron el mismo año en que se adjudicó el contrato, pese a que la empresa contaba con una plantilla de apenas 19 empleados, lo que generó dudas sobre su capacidad operativa para cumplir con el proyecto.
El eje de esta presunta red es César Adrián Gamboa Montejo, actual responsable de finanzas del Partido del Trabajo (PT) en el estado. Según MCCI, aparece vinculado legalmente en varias de las empresas receptoras de los recursos, mismas que han sido identificadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) como Empresas que Simulan Operaciones Inexistentes (EFOS).
Empresas fachada y suplantación de identidad
El mecanismo descrito por la investigación apunta al uso sistemático de prestanombres y robo de identidad. MCCI localizó a presuntos socios de estas compañías en condiciones vulnerables, quienes afirmaron desconocer su participación en empresas millonarias.
Estas sociedades habrían sido constituidas mediante despachos ligados a la Notaría 74 de Cancún, a cargo de Jorge Alberto Galván García, identificado como una figura clave en la creación de la red de empresas fachada.
Posible financiamiento político
El reportaje también advierte que los recursos transferidos podrían haber sido utilizados para fines políticos, incluyendo actividades relacionadas con la campaña presidencial de 2024, aunque este punto aún no ha sido confirmado por autoridades.
Pese a que Gamboa Montejo ha declarado que dejó sus funciones en 2022, registros del Instituto Nacional Electoral (INE) indican que continúa en el cargo desde noviembre de 2025, lo que mantiene abiertas las interrogantes sobre su participación.
Irregularidades sin aclarar
A las sospechas financieras se suman observaciones técnicas realizadas por el Instituto Mexicano de Auditoría Técnica (IMAT), que detectó inconsistencias en la propuesta económica de Grupo Tecno, como la cotización en “cero pesos” de rubros clave del contrato.
Hasta ahora, ni la empresa ni los implicados han dado una explicación pública sobre el destino de los recursos, mientras el caso continúa generando cuestionamientos sobre el manejo de fondos públicos y posibles redes de corrupción en la región.
