Redacción / Quintana Roo Ahora
Sonoyta, Sonora.— La historia de Leyla Monserrat Lares Becerra, una adolescente de 15 años que fue engañada y asesinada por otras dos menores de edad en el municipio de General Plutarco Elías Calles, ha sacudido a Sonora y al país no solo por la brutalidad del crimen, sino por las preguntas que deja sobre la violencia juvenil, el uso de redes sociales para difundir hechos criminales y el alcance real de la justicia para adolescentes en casos extremos.
El caso ocurrió el 25 de septiembre de 2025 en el ejido El Desierto, una zona ubicada a pocos kilómetros de la frontera entre México y Estados Unidos, donde la vida cotidiana suele transcurrir entre la movilidad, la cercanía con el cruce internacional y las tensiones propias de una región que enfrenta múltiples problemas de seguridad. Fue ahí donde, de acuerdo con la investigación ministerial, Leyla cayó en una trampa tendida por dos supuestas amigas que le hicieron creer que viviría una sorpresa.
La joven fue llevada a una silla, le vendaron los ojos y, en un momento que refleja el contraste entre la confianza y la traición, fue asfixiada hasta perder la vida. La escena, además, fue grabada y posteriormente difundida en redes sociales, lo que añadió una dimensión todavía más grave al caso: no solo se trató de un homicidio, sino de un crimen expuesto y amplificado por la circulación digital.
Al día siguiente, el 26 de septiembre, su familia inició la búsqueda. Como suele ocurrir en casos de desaparición, las horas y los días posteriores estuvieron marcados por la incertidumbre, la esperanza y la angustia. Sin embargo, el dolor se profundizó meses después, cuando un video anónimo llegó a manos de su madre, Carmen Angélica Becerra Valencia. En esas imágenes, según consta en la carpeta de investigación, Leyla aparece confiada, ajena a que estaba siendo conducida a su muerte.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que, tras peritajes y cateos, se estableció que la causa de muerte fue asfixia mecánica y que las responsables directas eran dos adolescentes, de 13 y 15 años. La investigación no fue lineal. En un primer momento, las diligencias apuntaron hacia un adulto identificado como Martín, quien días después fue localizado sin vida. Con el avance de los trabajos ministeriales surgieron nuevos datos que permitieron confirmar la participación directa de las menores.
De acuerdo con el expediente, el móvil del crimen estaría relacionado con un conflicto entre adolescentes. Versiones integradas a la indagatoria refieren celos por una relación sentimental como el origen de la agresión, un dato que ha provocado conmoción no solo por la violencia del hecho, sino por el contraste entre la edad de las implicadas y la gravedad de las consecuencias.
El caso fue judicializado bajo el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, un marco legal diseñado para procesar a menores de edad con medidas distintas a las que se aplican a personas adultas. En marzo de 2026, un juez dictó sentencia: dos años y diez meses de internamiento para la adolescente de 15 años; once meses de libertad asistida para la menor de 13 años; y el pago conjunto de 5 mil 657 pesos como reparación del daño moral.
La resolución generó cuestionamientos en distintos sectores de la opinión pública, especialmente por el contraste entre la violencia documentada y la sanción impuesta. Para muchas personas, el caso expone los límites del sistema cuando se enfrenta a delitos de extrema gravedad cometidos por menores de edad. Más allá de la sentencia, persiste el debate sobre si las medidas aplicadas son suficientes para responder al daño causado y, al mismo tiempo, prevenir que hechos de este tipo se repitan.
El caso de Leyla también dejó ver una realidad más amplia: la vulnerabilidad de niñas, niños y adolescentes frente a dinámicas de violencia que ya no se limitan al entorno físico, sino que se alimentan de la exposición digital, la normalización de agresiones y la difusión de contenidos violentos en plataformas sociales. La grabación del homicidio y su posterior circulación reavivaron la discusión sobre el papel de las redes en la reproducción del daño y en la revictimización de las familias.
Para la madre de Leyla, el proceso judicial no ha significado un cierre. Este lunes 6 de abril, la joven habría cumplido 16 años. En lugar de celebrar una fecha que marcaba el inicio de una nueva etapa, su familia volvió a enfrentar la ausencia. La exigencia de Carmen Angélica Becerra Valencia es clara: que el caso no quede reducido a cifras, plazos o resoluciones judiciales, sino que sirva para abrir una conversación seria sobre la protección de adolescentes, la atención temprana de conflictos entre menores y la respuesta institucional ante crímenes que destruyen vidas enteras.
La historia de Leyla no solo retrata un asesinato. También revela una fractura social que atraviesa la convivencia entre jóvenes, la fragilidad de los entornos de protección y la dificultad del sistema para responder con la misma magnitud al dolor que deja un hecho así.
