Redacción / Quintana Roo Ahora
México.- La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México no pudo haber comenzado con un reto más delicado. Apenas en su primer día de gobierno, el país fue sacudido por un hecho trágico en Chiapas: elementos del Ejército Mexicano abrieron fuego contra una camioneta que transportaba migrantes, resultando en la muerte de seis personas y dejando a diez más heridas. La noticia, perturbadora en su propia naturaleza, ha puesto el reflector en uno de los temas más espinosos y complejos que enfrentará la nueva administración: la militarización y su relación con la justicia.
Durante la conferencia mañanera de este viernes, la presidenta Sheinbaum Pardo abordó el incidente con un tono de firmeza. Confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue la misma institución que presentó la denuncia contra los soldados involucrados en los disparos. Este acto, aunque inusual en su transparencia, refleja un intento de institucionalidad y autocrítica por parte del Ejército, pero plantea también una serie de preguntas incómodas.
¿Qué llevó a estos elementos a disparar contra un grupo de migrantes desarmados? Y más allá de eso, ¿cómo puede México aspirar a ser un país respetuoso de los derechos humanos cuando quienes deben proteger a la población, sean nacionales o extranjeros, terminan siendo los perpetradores de tales actos?
Sheinbaum fue enfática: “Hechos como estos no pueden repetirse”. Sin embargo, para que esa afirmación sea algo más que una promesa vacía, será fundamental que su gobierno actúe de manera decidida. La Fiscalía General de la República (FGR) ha tomado las riendas de la investigación, y el contacto entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y las embajadas de los países de origen de las víctimas ya está en marcha. Pero la verdadera prueba será si estos procesos desembocan en justicia.
La militarización del país ha sido un tema polémico desde hace años. A lo largo de su administración, el expresidente López Obrador expandió el poder del Ejército y la Guardia Nacional, con la promesa de que serían una fuerza para el bien, necesaria para enfrentar la violencia que flagela al país. No obstante, este incidente reaviva los temores de los abusos de poder que pueden surgir cuando se le otorga a los militares un papel protagónico en la seguridad pública.
Sheinbaum se enfrenta a una disyuntiva compleja: mantener el respaldo del Ejército, una institución que ha ganado un protagonismo inédito, o tomar decisiones contundentes que puedan molestar a los sectores más conservadores dentro de la Sedena, pero que sean necesarias para proteger los derechos humanos. Hasta ahora, su respuesta ha sido cuidadosa pero clara: una condena firme a los actos de violencia y un llamado a la justicia.
El caso de Chiapas no es un simple incidente aislado, sino un microcosmos de las tensiones que enfrenta México: la relación entre el Estado y la migración, el papel del Ejército en la seguridad pública y, sobre todo, la defensa de los derechos humanos en un país donde los abusos, lamentablemente, no son raros. En los próximos días, veremos cómo evoluciona esta situación y, con ello, el compromiso de la nueva presidenta para garantizar que tragedias como estas no se vuelvan parte del tejido cotidiano.
El mundo observará de cerca la resolución de este caso. Para Sheinbaum, no se trata solo de honrar la promesa de justicia, sino de establecer el tono de un gobierno que enfrenta la complejidad de un México fragmentado y que, desde su primer día, ya está siendo puesto a prueba.
