Paso En Falso
En Quintana Roo, tomar un taxi es casi como jugar a la ruleta rusa. No sabes si el conductor que has abordado es un taxista o un peón en el tablero del crimen organizado. El transporte público, una de las necesidades más básicas, se ha convertido en un servicio cada vez más cargado de inseguridad y violencia para los usuarios. Un episodio reciente en Chetumal puso en evidencia la gravedad de la situación, cuando taxistas del sindicato SUCHA y “Joaquín Hendricks Díaz” arremetieron con palos, piedras y ramas contra un autobús de El Mayab que recogía pasajeros. Fue una reacción furibunda, no contra una amenaza a la seguridad pública, sino contra la «competencia».
A primera vista, la agresión parece la típica defensa de un monopolio, pero si escarbamos un poco más, se revela un panorama más oscuro. En varias partes del estado, la violencia asociada a los taxistas va mucho más allá de la mera competencia desleal. En Tulum, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y otros municipios, los taxis son vehículos no sólo de pasajeros, sino de sicarios, drogas y órdenes criminales. La conexión entre taxistas y el crimen organizado no es un rumor; es una realidad con un precio de sangre: aquellos que se rehúsan a servir al cártel de turno enfrentan la posibilidad de ejecución.
Este dominio del crimen sobre los taxistas tiene un costo que va más allá de la vida de los propios trabajadores del volante. Los pasajeros son los principales afectados, atrapados en un sistema que los convierte en rehenes de una organización que parece impermeable a la ley. Los sindicatos como el Andrés Quintana Roo, con líderes sujetos a proceso por homicidio y delincuencia organizada, sólo refuerzan la sospecha de que hay un entramado de intereses muy bien conectados, intocables y, por lo tanto, peligrosos.
Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿por qué no se actúa con contundencia contra estos sindicatos y sus líderes? ¿Acaso el peso político que tienen los taxistas, el poder que representan para los intereses de ciertos grupos, es un escudo que los blinda? Tal parece que así es. A lo largo de los años, el Frente Único de Trabajadores al Volante (FUTV) ha demostrado que tiene la capacidad de torcer el brazo del sistema. No es raro ver que sus líderes, como el tristemente célebre Eliazar Sagrero, han sido arrestados y liberados en repetidas ocasiones, y continúan ejerciendo el poder con la aparente bendición de la impunidad.
La verdad es que no se trata sólo de la falta de voluntad de las autoridades para poner fin a esta crisis de seguridad. También estamos hablando de un tejido de intereses económicos y políticos profundamente arraigados, donde los sindicatos de taxistas sirven como una especie de fuerza paramilitar, cumpliendo funciones que van mucho más allá del transporte de pasajeros. Los taxistas son una presencia constante en las calles, conocen los movimientos de la gente, y eso los convierte en piezas estratégicas para cualquier organización que desee un control efectivo sobre el territorio.
Al final, los usuarios son los más perjudicados, obligados a usar un servicio que, en lugar de seguridad, ofrece miedo e incertidumbre. Para el ciudadano promedio de Quintana Roo, el transporte público debería ser sinónimo de comodidad, accesibilidad y seguridad; en cambio, hoy es una apuesta peligrosa en manos de quienes parecen haber perdido el rumbo de la dignidad y el servicio. La solución a este problema no llegará mientras el poder político que protege a estos sindicatos no sea quebrantado. ¿Cuánto más debe suceder para que alguien realmente se atreva a cuestionar y desafiar el peso político de este gremio? ¿Será el último operativo contra el Sindicato en Cancún sólo una simulación?
