Paso En Falso
En un país donde la corrupción y los privilegios parecen ser moneda corriente, el reciente caso del director de la Policía de Investigación en Quintana Roo, Pedro León Toro Peña, deja en evidencia la compleja red de complicidades que aún persiste en el sistema de justicia. La historia, aunque parezca el guión de una telenovela, es la siguiente: Toro Peña fue reincorporado a su cargo luego de una breve investigación administrativa por organizar una fastuosa fiesta de XV años para su hija. ¿El dato escandaloso? La celebración contó con el grupo Los Tucanes de Tijuana, cuyo caché, según estimaciones, ronda los 3.5 millones de pesos.
En conferencia de prensa, el fiscal Raciel López Salazar defendió la “inocencia” de su colaborador, argumentando que todos los gastos de la fiesta fueron cubiertos por la abuela materna de la joven. Con estas palabras, López Salazar intenta cerrar un capítulo que ha encendido las alertas en la opinión pública y que muestra cómo la justicia puede ser manipularse con una explicación a medias y la total falta de responsabilidad pública.
Este caso no puede leerse de manera aislada. Toro Peña arrastra una serie de antecedentes que, lejos de inspirar confianza, generan preocupación. Su paso por Chiapas como director de la Policía Ministerial durante el mandato de Manuel Velasco (un personaje que carga su propio historial de polémicas) y, más tarde, su cuestionado nombramiento en Puebla como subsecretario estatal de Seguridad Pública, fueron acompañados por señalamientos de enriquecimiento ilícito y supuestos nexos con el crimen organizado. En 2021, el entonces gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, lo cesó de su cargo, acusándolo de pertenecer a una “mafia”.
Entonces, ¿por qué Raciel López Salazar, al asumir como fiscal de Quintana Roo, decidió traerlo de regreso en julio de este año? La respuesta parece apuntar a una red de favores y lealtades personales que ponen en tela de juicio la ética y la independencia de quienes deberían servir y proteger al pueblo.
Más allá del cinismo de justificar una fiesta de millones de pesos con la billetera de una “abuela generosa,” el mensaje que envían López Salazar y Toro Peña es profundamente preocupante: quienes deberían representar la ley y combatir el crimen pueden caer en los mismos vicios que los criminales a los que pretenden perseguir. Si un director de la Policía de Investigación puede organizar fiestas millonarias sin cuestionamientos reales y mantenerse en el cargo tras denuncias tan graves, ¿qué podemos esperar los ciudadanos comunes y corrientes?
Esta reincorporación no es más que un reflejo de un sistema de justicia que, en lugar de blindarse contra la corrupción, se alimenta de ella. Quintana Roo, con sus retos en materia de seguridad y justicia, merece una Fiscalía que sirva al pueblo, no a los intereses de una élite. El caso de Toro Peña es un claro recordatorio de que, en el México de hoy, la impunidad sigue siendo el invitado de honor en cada fiesta millonaria y cada red de corrupción bien tejida.
