Redacción / Quintana Roo Ahora
CANCÚN.- En Quintana Roo, la ciudadanía enfrenta un panorama alarmante: hasta el 80% de los servicios de emergencia dependen de ambulancias privadas, evidenciando una grave crisis en el sistema público de salud. Este escenario obliga a los habitantes a esperar hasta 40 minutos por una unidad, una espera que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
El Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) está facultado para coordinar apoyos en emergencias, incluso con unidades destinadas a eventos privados. Sin embargo, el déficit de ambulancias públicas hace que estas solicitudes sean insuficientes para atender las necesidades de una población creciente y en constante movimiento.
El silencio oficial ante la emergencia
En busca de respuestas, se contactó a Flavio Carlos Rosado, director de los Servicios Estatales de Salud (SESA). Sin embargo, el directivo remitió el caso a la vocera de la institución, quien reconoció que el problema radica en trámites burocráticos para definir el modelo de contratación y presupuesto.
«Las ambulancias serán destinadas a los municipios con mayor índice de población y accidentes registrados, pero el proceso es lento porque estamos a finales del año fiscal y a la espera de la liberación del presupuesto del próximo ejercicio», señaló.
Aunque se confirmó que estas unidades estarán bajo la operación del CRUM y el C5, el personal necesario para su funcionamiento –paramédicos, operadores y urgenciólogos– depende de la Dirección General de los Servicios Estatales de Salud (DGSES). Esto añade otro nivel de complejidad al ya tardado proceso de implementación.
¿La solución, otra promesa incumplida?
El proyecto contempla asignar ambulancias adicionales al municipio de Benito Juárez, con la intención de redistribuirlas entre diferentes dependencias para mejorar la cobertura. Sin embargo, esta medida, aunque necesaria, parece ser un parche temporal frente a un problema estructural más profundo: la insuficiencia crónica de recursos y la mala planificación de los servicios de emergencia.
Mientras tanto, la realidad en las calles sigue siendo cruda. Cada llamada de auxilio es una apuesta, con los ciudadanos dependiendo en gran medida de la disponibilidad de ambulancias privadas, que no siempre están al alcance económico de todos.
La salud y la vida no pueden esperar. Es urgente que las autoridades estatales tomen cartas en el asunto, dejando de lado la burocracia y priorizando la protección de los quintanarroenses.
