Redacción / Quintana Roo Ahora
CHETUMAL.- Entre 2012 y 2018, más de 8 mil familias quintanarroenses fueron víctimas de juicios hipotecarios ilegales, una estrategia orquestada para despojarlos de sus viviendas. Así lo confirmó el director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El modus operandi de estos fraudes era sencillo, pero devastador: despachos privados iniciaban juicios en estados distintos a la ubicación de los inmuebles, lo que impedía que los trabajadores fueran notificados a tiempo. Cuando finalmente se enteraban, ya era demasiado tarde: su hogar estaba perdido y ellos, desalojados.
De las 8,181 demandas presentadas en Quintana Roo, 8,062 se llevaron a cabo en tribunales de otras entidades, dejando en total indefensión a los afectados. Esta práctica convirtió al estado en el más perjudicado de la Península de Yucatán, seguido de Yucatán con 6,357 casos y Campeche con 907.
Ante la magnitud del fraude, la presidenta Sheinbaum anunció que ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra los responsables. Además, informó que en noviembre de 2024 se logró detener esta práctica, beneficiando a más de 63 mil familias en todo el país.
Romero Oropeza detalló que estos juicios masivos comenzaron en 2012, afectando a un total de 373,818 trabajadores a nivel nacional. De ellos, 249 mil perdieron sus casas y 42 mil propiedades fueron subastadas por el propio Infonavit.
Para evitar que este tipo de abusos se repitan, el Gobierno Federal propone una reforma a la Ley del Infonavit que incluye la creación de una empresa pública encargada de construir 500 mil nuevas viviendas para derechohabientes. Con ello, se busca garantizar que el derecho a una vivienda digna no vuelva a ser vulnerado por intereses privados.
