Paso En Falso
En Tulum, el acceso a las playas no es un debate nuevo, pero sí una batalla cada vez más encarnizada. Los bloqueos recientes, en diciembre de 2024, son un grito desesperado ante el avance implacable de la privatización disfrazada de conservación. Es irónico que en un país donde la Constitución establece que las playas son públicas, los ciudadanos tengan que protestar para pisar la arena sin pagar. Peor aún, cuando la autoridad responde no con soluciones, sino con guardias y burocracia.
El discurso oficial insiste en que el cobro es necesario para la preservación del Parque del Jaguar, un argumento que suena convincente hasta que uno se pregunta: ¿por qué la conservación sólo es posible con cuotas? ¿Por qué los habitantes locales deben pagar para disfrutar de un espacio que, por derecho, les pertenece? Mientras tanto, los hoteleros, los grandes beneficiados del paraíso maya, se limitan a «negociar» accesos, como si concedieran una dádiva.
El problema de fondo es la apropiación de los espacios públicos por intereses privados con la venia de las autoridades. No es sólo el Parque del Jaguar, es una tendencia que se repite en toda la Riviera Maya. Se construyen cercos, se levantan muros y, de pronto, lo que era de todos se convierte en un privilegio de quienes pueden pagar.
La administración municipal dice estar gestionando soluciones con los hoteleros, pero la verdadera respuesta no debería depender de su «buena voluntad». La ley es clara: las playas son de todos y su acceso debe garantizarse sin condiciones. Hasta que eso ocurra, los ciudadanos seguirán protestando, porque la arena y el mar no deberían ser un lujo, sino un derecho.
