Redacción / Quintana Roo Ahora
La historia de María Fernanda Catalina Rico Vargas es un trágico recordatorio de que la violencia no tiene género y de que el femicidio puede ocurrir en cualquier contexto, incluso en relaciones entre mujeres. A pesar de las evidencias que apuntan a un crimen, las autoridades han insistido en catalogar su muerte como un suicidio, ignorando las múltiples inconsistencias y violencias institucionales que han rodeado el caso desde el principio.
María Fernanda, una joven maquillista de 24 años, intentaba terminar una relación tóxica con su pareja, Darcy, cuando su vida fue truncada el 18 de abril de 2014. Había regresado a casa de sus padres en la Ciudad de México después de confesarles que ya no era feliz, que sufría violencia en la relación y que cargaba sola con los gastos. Tenía planes de futuro: quería comprar una propiedad para sus padres y seguir ejerciendo su profesión. Sin embargo, esos sueños se desvanecieron la noche en que su cuerpo fue encontrado sin vida.
Las autoridades aseguraron que María Fernanda se había suicidado, pero su familia nunca creyó esa versión. Desde el principio, las inconsistencias fueron evidentes. Su cuerpo presentaba heridas que no fueron consignadas en la autopsia, y las declaraciones de Darcy, la última persona que la vio con vida, cambiaron constantemente. Primero afirmó que había encontrado a María Fernanda colgada con un cinturón, luego dijo que fue con cinta canela. Además, aseguró que María Fernanda había bebido y consumido drogas la noche anterior, a pesar de que los exámenes toxicológicos dieron negativo.
La familia de María Fernanda también descubrió que dos hombres se presentaron en el ministerio público antes que ellos, afirmando ser familiares de la joven. ¿Quiénes eran? ¿Qué interés tenían en el caso? Hasta la fecha, no se ha investigado este hecho. Tampoco se investigó a Darcy, quien presentaba golpes evidentes en el rostro y nunca fue sometida a un examen médico.
Las violencias institucionales fueron otro obstáculo para la justicia. La autopsia se realizó en menos de media hora, sin consignar las heridas defensivas que el padre de María Fernanda documentó en sus brazos. El cinturón que supuestamente usó para suicidarse desapareció, y la cadena de custodia se perdió. Las autoridades incluso llegaron a insinuar que María Fernanda se drogaba con diclofenaco, un medicamento común, y cuestionaron el papel que jugaba en su vida sexual.
A pesar de los esfuerzos de la familia por esclarecer la verdad, el caso ha sido marcado por la negligencia y la corrupción. Aunque lograron una exhumación en 2017, los resultados no fueron concluyentes debido al tiempo transcurrido. Los rastros e indicios se perdieron, y con ellos, la posibilidad de justicia para María Fernanda.
Este caso no es aislado. Recuerda el de Mariana Lima Buendía, asesinada en 2010 por su expareja y cuyo caso fue inicialmente catalogado como suicidio. Gracias a la lucha incansable de su madre, Irinea Buendía, se logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconociera el femicidio. Sin embargo, para María Fernanda no ha habido la misma suerte.
La historia de María Fernanda nos obliga a reflexionar sobre la violencia en todas sus formas y a reconocer que el femicidio no está limitado por el género de quien lo comete. La justicia debe ser imparcial y rigurosa, independientemente de las circunstancias. Solo así podremos honrar la memoria de las víctimas y evitar que casos como este sigan repitiéndose en la impunidad.
