Redacción / Quintana Roo Ahora
CDMX.- Quintana Roo se ubica entre las seis entidades del país donde menos del 60% de las gasolineras han respetado el tope de 24 pesos por litro de gasolina regular, reveló Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), durante la más reciente “Conferencia del Pueblo” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El funcionario detalló los avances de la estrategia nacional de estabilización de precios, destacando que, mientras el 27 de febrero apenas el 25.2% de las estaciones de servicio vendía el combustible en menos de 24 pesos, para el 14 de marzo el porcentaje había aumentado al 68.8%. Sin embargo, el cumplimiento no ha sido homogéneo en todo el territorio nacional.
De acuerdo con el informe, 14 estados registran un cumplimiento de entre el 80% y 100%, mientras que 11 entidades se ubican en un rango del 60% al 79.9%. No obstante, seis estados, entre ellos Quintana Roo, se mantienen por debajo del 60% de cumplimiento, lo que refleja un rezago significativo en la aplicación de la medida.
Escalante Ruiz atribuyó este retraso a factores como la logística, el transporte y la distribución del combustible, que han complicado el ajuste de precios en algunas regiones. Sin embargo, aseguró que la Profeco mantiene diálogos con los empresarios gasolineros para superar estos obstáculos y garantizar que el precio tope se respete en todo el país.
Mientras tanto, los consumidores quintanarroenses siguen a la espera de que más estaciones de servicio se sumen al acuerdo, en un estado donde el turismo y la movilidad dependen en gran medida del acceso a combustibles a precios accesibles. La Profeco ha reiterado su compromiso de vigilar el cumplimiento de la estrategia, aunque el camino para alcanzar una cobertura total aún presenta desafíos.
Con información oficial en mano, queda claro que, aunque hay avances, la meta de estabilización de precios aún no se consolida en todo el territorio nacional. Quintana Roo, por su parte, sigue en la mira de las autoridades federales para garantizar que el bolsillo de los consumidores no siga sufriendo los embates de los precios elevados.
