Redacción / Quintana Roo Ahora
Minatitlán, Veracruz. – La decisión de un empresario de dejar de pagar derecho de piso al crimen organizado ha sacudido al sur de Veracruz. Daniel, dueño del bar “El Jalisquito”, se negó a seguir entregando dinero a los delincuentes, lo que desató una serie de amenazas y finalmente un ataque armado en su contra. En un acto de desesperación y defensa propia, el empresario atropelló a sus agresores, quienes perdieron la vida en el incidente.
Daniel llevaba tres meses sin pagar la cuota impuesta por los criminales, cansado de las exigencias crecientes. La respuesta fue inmediata: amenazas de muerte y, finalmente, un atentado el pasado viernes. Cuando viajaba con su familia, dos sicarios le dispararon, lo que lo obligó a reaccionar. En un intento por salvar su vida, aceleró su camioneta y terminó atropellándolos.
Solidaridad y exigencia de justicia
En lugar de recibir apoyo por defenderse, Daniel fue detenido por las autoridades y su negocio clausurado. La noticia ha generado una ola de indignación entre los habitantes de Minatitlán y Coatzacoalcos, quienes han sido víctimas de extorsión durante años. En redes sociales, cientos de personas han expresado su solidaridad con el empresario, calificándolo como un «valiente» por enfrentarse al crimen organizado.
En un mensaje publicado en la cuenta del bar en Facebook, Daniel relató la difícil situación que enfrentó. Explicó cómo las amenazas se intensificaron y cómo los criminales le advirtieron que, si no pagaba, su negocio sufriría el mismo destino que el bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, donde en 2019 un ataque incendiario dejó 30 muertos.
El empresario también compartió detalles del momento del ataque. Según su testimonio, los sicarios comenzaron a dispararle cuando él llegó al negocio. En medio del caos y el miedo por su vida y la de su familia, aceleró su camioneta, impactándose contra los muros de su bar mientras los agresores, al intentar escapar, quedaron en la trayectoria del vehículo.
La incertidumbre legal
Las autoridades tienen un plazo de 48 horas para determinar si Daniel enfrentará cargos o será liberado. Mientras tanto, la comunidad exige justicia y que el empresario no sea tratado como un criminal por haberse defendido.
El caso ha reavivado el debate sobre la inseguridad y la falta de protección para los ciudadanos que, ante la ausencia de respuesta del Estado, se ven obligados a tomar medidas desesperadas para sobrevivir.
