En medio de acusaciones que apuntan hacia la alcaldesa Blanca Merari Tziu Muñoz, se revela otro capítulo enredado de malversación en la gestión municipal. El ayuntamiento de Puerto Morelos adquirió una silla anfibia para personas con discapacidad a un precio que supera diez veces su valor de mercado, en un trato cuestionable que resalta la influencia de figuras cercanas a la mandataria.
La compra, realizada por Álvaro Masegosa, hermano del secretario particular de la alcaldesa, Abraham Masegosa Raña, quien ostenta una influencia considerable en el gobierno local, levanta sospechas sobre posibles favores y relaciones de poder dentro de la administración.
Los informes oficiales señalan que el ayuntamiento desembolsó la exorbitante suma de 261 mil pesos por una silla de playa anfibia, una acción que ha suscitado críticas y consternación entre los empleados municipales. La presidenta municipal, lejos de ocultar esta acción, la promocionó en su portal de Facebook, instando a los ciudadanos a disfrutar de las playas de Puerto Morelos, haciendo alarde de la adquisición con un tono de orgullo, lo que no deja lugar a dudas de su conocimiento en dicha compra.
Sin embargo, trabajadores molestos con la situación proporcionaron información detallada que evidencia el sobreprecio. Documentos accesibles en el Portal Nacional de Transparencia revelan que la compra se llevó a cabo mediante una adjudicación directa a la empresa PROVEEDORA E INSUMOS CARIBU SA DE CV, una de las supuestas «favoritas» en el departamento de adquisiciones, lo que levanta sospechas sobre posibles vínculos preferenciales.
El contrato, identificado como AD-ADQ-005-2022, se realizó con ingresos propios de ZOFEMAT municipal y fue gestionado por Gerardo Rosas García, director de ZOFEMAT de Puerto Morelos, y Álvaro Masegosa Raña, Director de Recursos Materiales y Suministros, quien además preside el comité de adquisiciones del ayuntamiento. Estas figuras son señaladas como responsables y deberían ser llamadas a rendir cuentas por este asunto que claramente huele a corrupción, con el aparente beneplácito de Blanca Merari.
La silla adquirida, según los trabajadores, tiene un valor real mucho menor en el mercado, rondando los 37 mil 645 pesos, incluyendo impuestos y envío, en comparación con los exorbitantes 261 mil pesos desembolsados por el ayuntamiento. Esta diferencia abismal resalta la presunta malversación de fondos y el aprovechamiento de conexiones políticas para inflar los precios de los artículos adquiridos por la administración municipal.
Los informantes, por miedo a represalias, prefirieron mantenerse en el anonimato, pero instaron a las autoridades correspondientes, especialmente a la Contraloría Municipal y a las instancias fiscalizadoras estatales, a intervenir de inmediato para esclarecer este caso y fincar responsabilidades. Este episodio de aparente corrupción en Puerto Morelos exige una investigación rigurosa y una rendición de cuentas transparente para restaurar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades locales.
