Paso En Falso
Lo de Tránsito Municipal en Cancún no es un escándalo nuevo, es una herida abierta que supura cada vez que alguien se atreve a mirar adentro. La reciente acusación contra el coordinador general Fausto Antonio Franco Alonzo —»Zeus» para los cuates de la clave operativa— no hace más que confirmar lo que muchos agentes, ciudadanos y exfuncionarios ya sabían: que el sistema está podrido desde adentro.
Las cuotas, los arrestos administrativos como castigo económico, y el cobro de 300 pesos para evitar jornadas prolongadas, son solo una nueva versión de un viejo guion. En administraciones anteriores se exigían multas diarias a los agentes; hoy, se castiga por no pagar una mordida institucionalizada. Es el mismo monstruo, solo que ahora come hacia dentro.
Durante años, ha sido un secreto a voces que la corporación opera con metas informales: imponer cierto número de infracciones, recoger una “cuarenta”, y pasar a caja con el superior. En 2019, por ejemplo, un informe de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado reveló que Cancún registraba una de las tasas más altas de denuncias por extorsión a conductores en el sureste del país. La presión social obligó al repliegue de agentes, y eso, lejos de erradicar la corrupción, la reconfiguró. Sin banquetas por patrullar, los jefes buscaron cómo seguir exprimiendo a sus subordinados. El resultado: una extorsión hacia adentro, disfrazada de disciplina.
La existencia de elementos “VIP” —quienes sí pueden seguir “trabajando” en campo porque entregan cuotas— es otro de esos códigos mafiosos que desmienten cualquier intento de reforma real. Y lo más inquietante es la supuesta protección política. Que Franco Alonzo presuma que no responde al Ayuntamiento sino a operadores externos como Jorge García Cohuo («Matrix») -ex directivo- y personas del Imoveqroo, habla de una red de poder más preocupada por mantener el negocio que por garantizar la seguridad vial. Se trata de figuras que ya han sido señaladas por malos manejos, pero que siguen moviendo los hilos del poder con absoluta impunidad.
Cancún merece una policía de tránsito que funcione, no una red de cobros internos disfrazados de estructura. Esta crisis es una oportunidad para romper, de una vez por todas, con las prácticas que han convertido a Tránsito en un sinónimo de abuso y corrupción. Pero eso no ocurrirá mientras los cargos sigan repartiéndose por favores y no por méritos. Mientras los verdaderos responsables no enfrenten consecuencias y sigan operando tras bambalinas, los ciudadanos —y ahora también los agentes— seguirán pagando la cuota.
