Por Redacción / Quintana Roo Ahora
En una sesión maratónica que duró cerca de diez horas, la Cámara de Diputados aprobó —con 423 votos a favor y 63 en contra— la polémica Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, rebautizada en el debate público como la “Ley Espionaje”. Un nombre que no es gratuito y que pone en el centro de la discusión una pregunta incómoda: ¿más seguridad o más control?
¿Qué es la Ley Espionaje?
Se trata de una reforma al sistema nacional de seguridad que otorga nuevas facultades de coordinación entre la federación, estados y municipios. Busca profesionalizar y certificar a las corporaciones de seguridad, establecer lineamientos más claros para su evaluación y, en apariencia, reforzar el combate al crimen organizado.
Sin embargo, entre sus disposiciones destaca un punto que ha encendido las alertas: permite el acceso a bases de datos públicas y privadas sin necesidad de una orden judicial. Si bien se eliminó la controvertida idea de crear un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, lo que quedó puede tener consecuencias igual de graves para la privacidad de los ciudadanos.
Poder concentrado y federalismo en riesgo
Uno de los aspectos más criticados por legisladores de oposición (PRI, MC y algunos del PAN) es que el Consejo Nacional de Seguridad ahora podrá suspender aportaciones federales a estados y municipios que no cumplan con sus acuerdos en materia de seguridad. Es decir, se refuerza un sistema punitivo desde el centro del país, lo que algunos consideran un atentado contra el ya debilitado federalismo.
Opiniones divididas
- Oposición (PRI y MC): Acusaron “albazo legislativo” y denunciaron que esta ley concentra aún más el poder informativo en el gobierno federal.
- PAN y MC: Aunque respaldaron algunos puntos, advirtieron que el uso sin control de la información podría derivar en una vigilancia sistemática de ciudadanos y en una pérdida progresiva del carácter civil de las instituciones de seguridad.
- Morena y aliados: Defendieron que la reforma fortalece el combate al crimen, impulsa un enfoque técnico, y refuerza la cooperación entre órdenes de gobierno.
¿Y ahora qué?
La minuta pasará al Senado de la República, donde deberá discutirse a más tardar el 2 de julio, antes de que concluya el periodo extraordinario. En el papel, esta reforma parece una apuesta por mayor coordinación y eficacia. Pero en la práctica, su ambigüedad legal y el acceso a información sin orden judicial pueden abrir la puerta a excesos.
El país tiene una larga historia de vigilancia con fines políticos. La diferencia ahora es que podría estar legalizada. ¿Será ésta una ley para combatir al crimen o un arma silenciosa contra la ciudadanía? El Senado tiene la última palabra. Y la sociedad, el deber de vigilar a quien vigila.
