Redacción / Quintana Roo Ahora
Cuando Hugo Aguilar Ortiz asumió la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo hizo con la promesa solemne de encabezar una administración austera, transparente y cercana al pueblo. Todo muy inspirador, hasta que uno se asoma al directorio oficial y descubre que el flamante presidente de la Corte parece haber confundido austeridad con abundancia: 103 asesores e integrantes en distintas áreas de apoyo, es decir, más que su antecesora, Norma Lucía Piña, quien fue duramente criticada por supuestos privilegios.
Lo interesante del caso es que, en medio de la narrativa de la “justicia austera”, la nueva presidencia presume tener bajo su control una maquinaria burocrática que se asemeja más a un pequeño ejército de colaboradores que a un equipo ajustado. Porque claro, nada dice “austeridad” como tener 8 secretarios de estudio y cuenta, 12 auxiliares y 39 personas de apoyo operativo solo en su ponencia. Y eso sin contar los otros equipos en áreas de dictaminación ni la oficina presidencial, donde también hay un séquito digno de una corte, aunque no precisamente de justicia.
El tribunal, siempre diligente en materia de relaciones públicas, salió al paso con un comunicado en el que promete una reducción del 40% de esta plantilla a partir del 1° de octubre. En otras palabras: sí, hoy somos 103, pero tranquilos, después bajaremos un poco… hasta que la próxima actualización del directorio diga lo contrario.
Mientras tanto, en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia se acumulan nada menos que 29 nombres. Entre ellos resalta Vidulfo Rosales Sierra, ex abogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, que ahora ocupa un cómodo puesto de secretario de Estudio y Cuenta con un salario neto de 118 mil 138 pesos al mes. Claro, porque luchar por la justicia también significa saber administrarse bien en los círculos del poder.
Y por si alguien pensaba que todo esto era solo cuestión de percepción, el propio tribunal asegura que estas medidas obedecen al firme compromiso de “garantizar una justicia real, transparente y cercana a la ciudadanía”. Una declaración que suena tan solemne como irónica, considerando que para acercarse al ciudadano común, la SCJN parece necesitar más asesores que médicos tiene una clínica rural.
Eso sí, Aguilar Ortiz presume haber aumentado la frecuencia de las sesiones del Pleno a cuatro por semana y llevarlas incluso a distintas regiones del país. Porque nada proyecta modernización como viajar con una comitiva extendida, sesionar en otro estado y luego regresar a la sede central con toda la logística que eso implica. Todo esto, claro, con menos personal de seguridad, para que se note que los ahorros existen… aunque sean invisibles en el resto de la nómina.
Así, la SCJN inicia una nueva etapa en la que la austeridad no se mide en números, sino en declaraciones oficiales y promesas de reducción futura. Mientras tanto, el pueblo puede dormir tranquilo: la justicia está en manos de un equipo de 103 colaboradores, todos dispuestos a hacer más eficiente al máximo tribunal del país. Porque, al parecer, en la Corte no hay contradicciones, solo interpretaciones. Y la de hoy dice que más asesores también significa más austeridad.
