El filósofo francés, jurista y escritor del siglo XVII, Charles Louis de Secondat, señor de la Brède, Barón de Montesquieu, mejor conocido como Montesquieu, fue uno de los padres de la Ilustración. En su obra El espíritu de las leyes plantea que, para garantizar la libertad y evitar el despotismo, habría que separar los tres poderes para evitar el abuso del poder: el Poder Legislativo elabora leyes, el Poder Ejecutivo se encarga de aplicar las leyes y el Poder Judicial administra justicia a través de su interpretación. Este planteamiento revolucionó por completo el pensamiento de su época y es el que se aplica en nuestros días en casi toda la faz de la Tierra. Decía que la libertad política se garantiza cuando el poder detiene al poder y que el poder político puede ser un peligro para la libertad si no está equilibrado.
Lo anterior es el preludio de lo que se está, y estará, reflexionando en el círculo de la política nacional e internacional con relación a la Reforma Judicial que se llevó a cabo en meses pasados en nuestro país. Se da por descontado que el Poder Legislativo dará el respaldo absoluto y reverencial al Ejecutivo en turno, siempre que este sea de su partido, y a veces aunque no lo sea; pero lo que es inaceptable, aunque no ha sido imposible, es que el Poder Judicial esté al servicio del Poder Ejecutivo. Para no entrar en temas muy dogmáticos y para hacerlo más sencillo: los poderes no pueden actuar en contubernio. El Poder Judicial no puede ser sumiso ni genuflexo ante el Poder Ejecutivo; su esencia es formalmente jurídica y no política, o sea, los jueces no deben ni pueden actuar como empleados del titular del gobierno del nivel que sea.
La idea de tener otra nata de juzgadores, en el fondo, no es mala. Si algún poder se corrompió peligrosamente hasta la médula fue el Poder Judicial. No podría hablarse de una renovación de la vida pública y menos de una transformación si no se tocaba desde sus cimientos a los juzgadores de este país. El tema es que antes de la reforma era poco probable ver juzgadores de origen político, y menos de origen electoral; hoy son muchos y muchas que no deberían estar al frente de una magistratura o un juzgado. Podría salir más caro el remedio que la enfermedad, y no solo por la escasa preparación académica y práctica de muchas y muchos miembros del actual Poder Judicial, sino porque el origen es destino: se deben a una componenda política, la misma que les dio el puesto que hoy ostentan.
Quintana Roo ya es parte de esa historia también. Tristemente, hay cosas que no requieren de pruebas. Como dijera el clásico: “No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas”. En materia legal se dice que los indicios hacen pruebas, y aquí sobran los indicios.
