Redacción / Quintana Roo Ahora
Nuevo León.- Con voz contundente y gesto de advertencia, el gobernador Samuel García y la titular de la asociación AMAR a Nuevo León encabezaron este viernes la publicación del “Decreto contra Deudores Alimentarios”, una medida diseñada para presionar a quienes, estando obligados, se rehúsan a pagar la pensión alimentaria de sus hijos. La iniciativa contempla desde la publicación de nombres hasta la suspensión de trámites administrativos y derechos civiles, en un intento por convertir el incumplimiento en un costo social y patrimonial ineludible.
El decreto establece sanciones prácticas: los padres o tutores morosos podrán ser publicitados, se les podrá negar la expedición o renovación de licencias de conducir, placas vehiculares y pasaportes, y también se les impedirá registrarse como candidatos a cargos públicos. La medida busca, según autoridades, cerrar las puertas a quien evade su responsabilidad económica y moral con sus hijas e hijos.
Durante el acto, el gobernador no escatimó en palabras: “A partir de hoy, a ese pelado que se fue, lo vamos a quebrar, no solo económicamente, sino socialmente”, advirtió, en una frase que resume el tono punitivo y ejemplarizante del decreto. “Se olvida de licencia, placas, pasaporte… se va a publicitar su nombre, se olvida de cargos públicos, les va a salir carísimo”, reforzó la mandataria postura.
García hizo además un llamado a la conciliación y al pago: “Acércate y paga. Si no, el Estado te va a dar la espalda”. La advertencia se complementó con una crítica a las estrategias legales que, dijo, utilizan algunos deudores para dilatar procesos: “Padres irresponsables que recurren a abogados, que se creen muy astutos, pero son coyotes, fingen (no tener recursos) y salen con amparos y chicanadas”, señaló.
La presentación del decreto vino acompañada de cifras y sensibilización: el gobernador mencionó que en la entidad existen alrededor de 160 mil mujeres viudas, divorciadas o abandonadas, muchas de ellas con hijos con discapacidad. Ante ello, recordó que el Estado entrega un apoyo mensual de 2 mil pesos a algunas de estas familias, pero subrayó que ese apoyo no exime a los padres de su obligación alimentaria. “Amar es cumplir y quien no cumpla tendrá que responder”, concluyó Rodríguez Cantú, titular de AMAR.
Desde una perspectiva de género, la medida apunta a visibilizar la carga desproporcionada que recae sobre las mujeres cuando los progenitores evaden su responsabilidad económica. Sin embargo, especialistas en derecho familiar y organizaciones civiles podrían exigir que las sanciones se apliquen con garantías procesales —para evitar errores de identificación o afectaciones a personas que sí cumplen— y que se acompañen de mecanismos de acompañamiento para las madres y los niños afectados (acceso a asesoría jurídica, vinculación con programas de empleo y seguimiento social).
La entrada en vigor del decreto marca un punto de inflexión en la política pública local sobre pensiones alimentarias: combina sanciones administrativas con exposición pública, apostando por la contención social del incumplimiento. Queda por ver cómo se implementará en la práctica —mecanismos de notificación, plazos, recursos legales disponibles— y cuál será el efecto real sobre la reducción de la deuda alimentaria en Nuevo León. Mientras tanto, el mensaje gubernamental es claro: la irresponsabilidad parental tendrá consecuencias visibles y duraderas.
