Redacción / Quintana Roo Ahora
Morelos.— El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, actualmente recluido en un penal federal de Morelos, fue declarado líder de una organización criminal responsable de la venta irregular de bienes inmobiliarios pertenecientes al patrimonio estatal, lo que ocasionó un daño al erario por más de 900 millones de pesos.
Con esta nueva clasificación legal, Borge, militante del PRI, queda perfilado a enfrentar penas de hasta 40 años de prisión, de acuerdo con lo establecido por la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quienes dirigen grupos criminales.
El exmandatario fue detenido en junio de 2017 en Panamá, desde donde presuntamente intentaba huir a Europa. Actualmente enfrenta acusaciones por delitos como peculado y lavado de dinero, presuntamente cometidos durante su gestión como gobernador de Quintana Roo de 2011 a 2016.
La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió reclasificar la participación de Borge dentro de la estructura delictiva que operó en su administración. Un Tribunal Colegiado de Apelación de Xochitepec, Morelos, revocó una determinación previa que lo consideraba como subalterno, y acreditó que encabezaba la red dedicada a la enajenación ilícita de 22 terrenos, varios ubicados en zonas turísticas privilegiadas del estado.
De acuerdo con el resolutivo judicial, la organización operaba a través de exservidores públicos y familiares de Borge, quienes actuaban como prestanombres y adquirían predios mediante empresas fantasma a precios muy por debajo de su valor real. Esta infraestructura permitió la venta de terrenos a costo prácticamente nulo, algunos en áreas de alto valor comercial o cercanas a la playa.
Los magistrados determinaron que Borge aprovechó su posición en el gobierno para manipular información privilegiada y ordenar la venta de los bienes estatales, causando un quebranto económico de 900 millones 99 mil 418 pesos al patrimonio quintanarroense.
Riesgo de fuga
La defensa del exgobernador buscaba su traslado a una cárcel en Cancún, pero el Tribunal Colegiado determinó que deberá permanecer en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi), en Ayala, Morelos, argumentando riesgo de fuga.
El tribunal concluyó que, al contar con recursos económicos y conexiones, el imputado podría aprovechar un penal de menor seguridad para evadir la justicia, además de que la baja seguridad pondría en riesgo su propia integridad física.
Más implicados
En la red delictiva también figura Claudia Romanillos Villanueva, extitular del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal (IPAE), quien firmaba escrituras ilegales de los predios vendidos a terceros. Actualmente se desconoce su paradero, mientras promueve amparos y procedimientos administrativos para evitar su captura.
Además, investigaciones periodísticas han revelado que una de las beneficiarias de estos terrenos fue Julia Abdalá Lemus, pareja sentimental de Manuel Bartlett, exdirector de la Comisión Federal de Electricidad durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Documentos oficiales registran que recibió un predio costero en Puerto Morelos en 2013 sin costo declarado, donde ahora se desarrollan villas turísticas.
A su vez, la FGR atribuyó a Borge haber colocado en puestos estratégicos a personas de su confianza para facilitar el despojo del patrimonio del estado y beneficiar a la organización criminal.
Con esta nueva determinación judicial, el camino legal para el exgobernador se complica aún más mientras continúa el proceso para determinar su sentencia final.
