Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, QR.- Mientras el discurso oficial presume un municipio libre de corrupción, la realidad parece empeñada en no cooperar. De acuerdo con reportes internos y testimonios ciudadanos, la promesa de “cero corrupción” convive sin pudor con decenas de quejas semanales, más de un centenar de funcionarios bajo investigación y cobros que, curiosamente, nunca dejaron rastro en un recibo oficial.
Fuentes de la Contraloría Municipal señalan que cada semana se acumulan entre 10 y 20 denuncias contra servidores públicos. Las quejas van desde la clásica mala atención hasta abuso de poder y presuntos actos de corrupción. Las áreas más señaladas —para sorpresa de nadie— son Tránsito, Registro Civil, Juzgados Cívicos y Fiscalización, justo donde el contacto con ciudadanos y empresarios es más frecuente.
Desde el año pasado, más de 130 funcionarios estaban bajo investigación, lo que motivó la implementación de la estrategia “Cero Corrupción”. La solución: gafetes de identificación para el personal de campo. Porque, al parecer, el problema no era el sistema, sino que no se sabía exactamente quién estaba cobrando.
En paralelo, el área de Asuntos Internos mantiene abiertos más de 100 expedientes contra policías municipales, con al menos 23 remociones por diversas irregularidades. Todo esto refuerza la idea de que el problema no es aislado, sino estructural… aunque oficialmente siga sin nombre.
Lo llamativo es que, pese a la avalancha de señalamientos, no se ha informado de ningún caso judicializado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que involucre directamente a funcionarios del Ayuntamiento por extorsión o condicionamiento de contratos. Muchas quejas, pocos juzgados y cero sentencias: una eficiencia digna de estudio.
Uno de los casos más sonados fue el de Jesús Alberto Ayuso Magaña, exdirector de Comercio en la Vía Pública, acusado por comerciantes de encabezar un esquema de extorsión para permitir la instalación de puestos. Según los afectados, se retiraban permisos a unos y se favorecía a otros, siempre y cuando el “apoyo” fluyera. El resultado fue su destitución, aunque el esquema descrito por los denunciantes parece no haber quedado oficialmente documentado.
Testimonios recabados señalan que, durante su gestión, los pagos exigidos oscilaban entre 3 mil y 20 mil pesos, sin recibos ni respaldo legal, bajo la amenaza de retirar autorizaciones o reubicar arbitrariamente a quien se negara. Un caso emblemático fue el de una vendedora de tamales que perdió su espacio, ocupado durante 12 años cerca de la terminal ADO, luego de que otro comerciante presuntamente entregara dinero para quedarse con el lugar.
“Me quitaron mi negocio. Siempre pagué mis permisos, hasta que me dijeron que no lo hiciera y me darían un gafete de apoyo por la enfermedad de mi esposo”, relató. El apoyo nunca llegó, pero el gafete sí… aunque no le sirvió para conservar su sitio.
La mujer buscó ayuda en la Coordinación de Atención Ciudadana sin éxito. Tras reubicarse frente a una tienda departamental sobre la avenida Tulum, inspectores la retiraron al día siguiente. Cero corrupción, pero también cero soluciones.
Así, entre discursos optimistas, gafetes relucientes y expedientes que se acumulan, la estrategia “Cero Corrupción” avanza firme… al menos en el papel. En la calle, la historia sigue siendo otra.
