Redacción / Quintana Roo Ahora
El conflicto en torno a la concesión del servicio de agua potable a la empresa Aguakán en el norte de Quintana Roo tiene su origen en decisiones tomadas durante la decimoséptima legislatura del Congreso del Estado, cuando, a solicitud de los diputados Julián Ricalde y Hugo Alday, se creó una comisión especial transitoria para investigar las condiciones en que fue otorgada la concesión y la ampliación anticipada del contrato.
Entre los objetivos de ese grupo de trabajo se encontraba identificar a las autoridades responsables, así como revisar el alcance de la consulta ciudadana y determinar si esta tenía carácter vinculatorio.No obstante, dicha comisión no logró cumplir con su cometido. Hugo Alday dejó de formar parte de ella y el órgano quedó encabezado por el diputado Aldana.
Posteriormente, Julián Ricalde renunció y denunció que la comisión había sido conformada “a modo”, lo que, en los hechos, impidió que se llegara a conclusiones de fondo y prolongó la indefinición sobre el caso.
De manera paralela, el Congreso del Estado determinó que la ampliación anticipada del contrato otorgada a Aguakán durante el gobierno de Roberto Borge Angulo no era válida. Con ello, se estableció que la concesión original ya había concluido y que la nueva se encontraba viciada de nulidad desde su origen. Bajo ese argumento, se requirió a la empresa para que entregara la operación y los activos; sin embargo, Aguakán promovió una suspensión judicial, lo que mantiene el tema sin una resolución definitiva.
A este escenario se suma el resultado de una consulta ciudadana en la que la mayoría de los habitantes de Cancún, Isla Mujeres y Puerto Morelos se pronunció por retirar la concesión a la empresa, aunque hasta el momento esta continúa prestando el servicio.El tema fue retomado a nivel federal por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que se analiza la posibilidad de comprar la concesión a Aguakán. Durante la conferencia matutina realizada en Puebla, la mandataria señaló que la empresa ha llegado a solicitar hasta 12 mil millones de pesos por dicho concepto, cifra que consideró excesiva.
“Se está analizando tanto el proceso en el que se le dio la extensión de la concesión, como la posibilidad incluso de adquirirla. El problema es que los precios que se han planteado son muy altos, incluso se habló de cerca de 12 mil millones de pesos, lo cual sería absurdo pagar”, afirmó. Indicó que el gobierno federal trabaja en dos vías: la revisión jurídica del otorgamiento de la ampliación y, de manera paralela, la exploración de una salida negociada para definir el futuro de la operación del servicio de agua en esta región de Quintana Roo, pero en ninguno de los casos el gobierno de Mara Lezama, podrá “venderla a otra empresa” como sería en principio su intención.
