Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, QR.- En menos de 72 horas, una serie de ataques directos contra establecimientos comerciales ha evidenciado que el “cobro de piso” y la delincuencia organizada mantienen una presencia dominante en Cancún, ante la percepción de una respuesta insuficiente —o inexistente— por parte de las autoridades.
El fuego como mensaje: incendian “La Palapita”
Durante la madrugada de este viernes, el restaurante-bar La Palapita, ubicado sobre la avenida Kabah a la altura de la Región 245, fue consumido por un incendio provocado. El establecimiento, construido con materiales tradicionales de la región, altamente inflamables, quedó reducido a cenizas.
De acuerdo con informes preliminares y fuentes cercanas al sector empresarial, el ataque habría sido una represalia directa tras la negativa del propietario a pagar una cuota por “derecho de piso” exigida por grupos criminales que operan en la zona.
Una semana de violencia sistemática
El incendio no se registró como un hecho aislado, sino como parte de una secuencia de agresiones que han impactado distintos puntos de la ciudad:
- Jueves, madrugada: Bodegas de la cervecera Grupo Modelo fueron atacadas a balazos. Sujetos armados dispararon contra la fachada del inmueble, presuntamente como medida de presión por el impago de extorsiones.
- Jueves, madrugada: Un grupo armado irrumpió en la Clínica Galenia, una de las instituciones médicas privadas más relevantes y céntricas, para cometer un asalto con aparente total impunidad.
Autoridades bajo cuestionamiento
La reiteración de estos delitos en zonas de alto flujo y contra empresas consolidadas ha generado una ola de indignación en el sector productivo. Empresarios señalan una incapacidad crítica de los tres órdenes de gobierno para garantizar condiciones mínimas de seguridad.
“Ya no se trata de casos aislados; es una estrategia de terror sistemático. La impunidad con la que actúan estos grupos sugiere una ausencia del Estado o, peor aún, una posible complicidad”, expresaron representantes del sector bajo condición de anonimato, por temor a represalias.
Mientras cámaras de seguridad documentan los ataques y comerciantes observan cómo su patrimonio se pierde entre llamas y disparos, la ciudad continúa alejándose de la imagen de destino seguro que durante años proyectó a nivel nacional e internacional.
