Redacción / Quintana Roo Ahora
La política comercial impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sufrió un duro revés luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara la mayor parte de los aranceles globales que su administración había impuesto en abril de 2025. El máximo tribunal determinó que el Ejecutivo excedió sus facultades al aplicar estas medidas sin la debida autorización del Congreso.
El fallo, adoptado por seis votos contra tres, concluyó que la Casa Blanca hizo una interpretación incorrecta de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés), legislación destinada a situaciones de emergencia nacional. Según la sentencia, el uso de esta norma para imponer aranceles generalizados invadió competencias exclusivas del Poder Legislativo.
La resolución judicial invalida específicamente los aranceles anunciados el 2 de abril de 2025, fecha que el mandatario denominó “Día de la Liberación”, cuando estableció un esquema de impuestos recíprocos de al menos 10% a todas las importaciones que ingresaran a territorio estadounidense. La medida afectó a decenas de países, incluidas las principales economías del mundo y la mayoría de las naciones de América Latina.
No obstante, el fallo no alcanza a ciertos aranceles individuales aplicados a productos o países específicos. Entre ellos, aquellos dirigidos a México, Canadá y China bajo el argumento de su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas ilícitas como el fentanilo hacia Estados Unidos.
Horas después de conocerse la decisión, Trump reaccionó desde la Casa Blanca calificando la sentencia como “profundamente decepcionante” y expresó su inconformidad con algunos integrantes del tribunal. En el mismo mensaje anunció la imposición de un nuevo arancel global del 10%, esta vez sustentado —según explicó— en otras disposiciones legales.
El presidente argumentó que cuenta con facultades suficientes gracias a las secciones 232 y 301 de la legislación comercial estadounidense, que permiten aplicar aranceles cuando se considere que las importaciones amenazan la seguridad nacional o cuando se enfrenten prácticas comerciales injustas. Analistas citan también la Ley de Comercio de 1974, la cual faculta al Ejecutivo a imponer aranceles de hasta 15% durante un periodo de 150 días antes de requerir aprobación legislativa.
La decisión judicial abre un nuevo capítulo en la estrategia comercial de Trump, quien ha defendido consistentemente los aranceles como herramienta para fortalecer la manufactura estadounidense. Sin embargo, sectores empresariales y opositores políticos sostienen que estas medidas podrían generar mayores costos para consumidores y tensiones en el comercio internacional.
