Redacción / Quintana Roo Ahora
Tulum, QR.-El caso de Megan A.R. volvió a colocar en el centro del debate la actuación de las autoridades ministeriales y judiciales en Quintana Roo, luego de que denunciara la reclasificación de su carpeta por tentativa de feminicidio a violencia familiar, asà como presuntas irregularidades que —afirma— la obligaron a salir del paÃs por temor a su seguridad.
De acuerdo con su testimonio, el 19 de mayo de 2023 presentó una denuncia ante la FiscalÃa General del Estado contra José Fernando J.S., señalándolo por tentativa de feminicidio. La carpeta de investigación, aseguró, integra dictámenes médicos, periciales psicológicas, material audiovisual y otros elementos que documentarÃan agresiones fÃsicas, intento de estrangulamiento y amenazas.
No obstante, posteriormente la FiscalÃa Especializada determinó reclasificar el delito como violencia familiar. Megan A.R. sostiene que dicha decisión se tomó pese a las pruebas aportadas y que incluso se omitió una pericial en audio que, según su versión, resultaba clave para acreditar los hechos.
La denunciante argumenta que esta reclasificación frenó la judicialización del caso bajo el tipo penal de tentativa de feminicidio y evitó que el señalado fuera vinculado a proceso por ese delito. Añadió que, tras recibir amenazas, decidió abandonar el paÃs junto con su hija para proteger su integridad.
También señaló que la VicefiscalÃa en Tulum inició nuevas carpetas de investigación que, desde su perspectiva, no consideran el contexto de violencia denunciado y podrÃan revertir su calidad de vÃctima.
Según expuso, el expediente llegó al Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tulum tres años después de interpuesta la denuncia. El 3 de febrero pasado, el juez Luis Ernesto Gabourel GarcÃa anuló la imputación por tentativa de feminicidio, negó medidas de protección y rechazó turnar el asunto a un juzgado especializado en violencia contra la mujer. Posteriormente, añadió, también fue negada la admisión de un recurso de revisión.
La denunciante recordó que el acusado habrÃa enfrentado en 2012 un proceso por privación ilegal de la libertad en agravio de un menor de edad, antecedente que —señala— debió ser considerado dentro del análisis de riesgo.
El 21 de octubre de 2025, afirmó, nuevamente le fueron negadas medidas de protección, pese a presentar lesiones, amenazas, dictámenes psicológicos y señalar desplazamiento forzado.
Ante el escenario, Megan A.R. hizo un llamado público a la gobernadora Mara Lezama para que se revisen las actuaciones ministeriales y judiciales, y se garantice un análisis con perspectiva de género y estricto apego a derecho.
Hasta el momento, no se ha informado de una postura oficial adicional por parte de las autoridades señaladas.
