Redacción / Quintana Roo Ahora
Quintana Roo.- El Congreso de Quintana Roo inició la discusión de una iniciativa que busca regular el uso de fotografías y videos en el entorno digital. La propuesta, presentada por la diputada Majo Osorio Rosas, plantea reformar el Código Civil del estado para crear un capítulo denominado “Derecho a la propia imagen”, con el fin de establecer sanciones cuando se utilicen o modifiquen imágenes sin autorización de la persona involucrada.
La iniciativa ha sido respaldada por legisladores como Hugo Alday Nieto y Ricardo Velazco Rodríguez, y surge en un contexto donde la circulación de contenido digital —incluyendo imágenes manipuladas o generadas con inteligencia artificial— se ha vuelto cada vez más común.
Desde la perspectiva de sus impulsores, la reforma busca fortalecer la protección de los derechos personales ante posibles abusos en redes sociales y plataformas digitales. Sin embargo, el planteamiento también ha generado debate entre especialistas, periodistas y usuarios de internet sobre el alcance que podría tener la regulación, especialmente cuando se trata de figuras públicas.
En la actualidad, gran parte de la discusión política ocurre en espacios digitales. Memes, videos editados, caricaturas y sátira forman parte del lenguaje cotidiano con el que los ciudadanos comentan la vida pública. Por ello, algunos sectores consideran necesario analizar con cuidado cómo una regulación de este tipo podría interactuar con el derecho a la libertad de expresión.
El marco constitucional mexicano establece que la manifestación de ideas no puede ser objeto de censura previa y reconoce el derecho a difundir información y opiniones por cualquier medio. Además, distintos criterios de la Suprema Corte han señalado que los funcionarios públicos, debido a su papel en la vida pública, están sujetos a un mayor nivel de escrutinio por parte de la sociedad.
La Constitución de Quintana Roo también protege la libre expresión y el derecho de los ciudadanos a participar en el debate público, lo que convierte a esta iniciativa en un tema relevante dentro de la discusión jurídica y política del estado.
Más allá de las posiciones encontradas, el debate refleja un desafío propio de la era digital: cómo equilibrar la protección de la imagen personal con la libertad de expresión en internet. La línea entre ambos derechos puede resultar compleja, sobre todo cuando se trata de contenido crítico o satírico relacionado con la actividad pública.
En los próximos meses, el Congreso deberá analizar los alcances de la propuesta y determinar si requiere ajustes que permitan armonizar la protección de derechos individuales con las garantías constitucionales de libertad de expresión.
Lo cierto es que la discusión ya abrió un tema que trasciende al ámbito legislativo: el papel que deben tener las leyes frente a la dinámica del debate público en redes sociales. En un entorno cada vez más digital, la forma en que se establezcan estas reglas marcará parte de la relación entre ciudadanía, tecnología y política en Quintana Roo.
