Redacción / Quintana Roo Ahora
La reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para poner freno a las llamadas pensiones “doradas” avanzó por unanimidad en comisiones del Senado, en medio de un debate que anticipa una discusión más intensa cuando el dictamen llegue al pleno. De aprobarse en definitiva, la modificación permitiría reducir jubilaciones millonarias de ex funcionarios de empresas estatales, organismos públicos y banca de desarrollo, con un ahorro estimado de 5 mil millones de pesos anuales.
El dictamen modifica el Artículo 127 de la Constitución y fue avalado con 32 votos de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, presididas por los senadores morenistas Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza. Ambos legisladores adelantaron que la iniciativa será discutida este miércoles en el pleno del Senado, donde se definirá el futuro de una reforma que toca uno de los temas más sensibles del gasto público.
De acuerdo con el documento aprobado, pensiones que actualmente alcanzan cifras cercanas al millón de pesos mensuales —o montos de 900 mil y hasta 500 mil pesos— quedarían limitadas a 70 mil pesos, equivalentes a la mitad de la remuneración que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo federal. El ajuste aplicaría a ex funcionarios de diversas entidades paraestatales que durante años consolidaron jubilaciones consideradas desproporcionadas frente al promedio nacional.
Aunque PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron a favor del dictamen, los tres partidos cuestionaron aspectos clave de la reforma. Uno de los puntos más criticados es que la reducción no se aplicaría a integrantes de las Fuerzas Armadas ni del Poder Judicial, lo que —según legisladores de oposición— genera un tratamiento desigual frente al resto de organismos públicos.
El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, respaldó la eliminación de “pensiones escandalosas”, pero pidió modificar el criterio para fijar el tope. Propuso que no dependa del salario presidencial, sino de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), con el argumento de evitar que futuros cambios al sueldo del presidente alteren automáticamente el monto máximo de las jubilaciones.
Desde el PRI, la senadora Carolina Viggiano cuestionó con mayor dureza la reforma, al advertir que su aplicación retroactiva podría vulnerar derechos adquiridos. Afirmó que las pensiones provienen de contratos previamente firmados y acusó al gobierno federal de exhibir públicamente a ex funcionarios sin probar irregularidades en la obtención de esas jubilaciones. Incluso minimizó el impacto fiscal, al señalar que los 5 mil millones de pesos que se proyectan ahorrar equivalen a apenas 16 días de pérdidas de Petróleos Mexicanos.
La respuesta de Morena no tardó. El senador Pável Jarero defendió la reforma al señalar que resulta inaceptable que millones de mexicanos sobrevivan con pensiones promedio cercanas a los 7 mil pesos, mientras un pequeño grupo mantiene jubilaciones millonarias financiadas con recursos públicos. A su juicio, el ajuste busca corregir privilegios heredados de administraciones anteriores.
El dictamen también retoma el argumento de la iniciativa presidencial respecto a la constitucionalidad de aplicar la reforma sobre pensiones ya otorgadas, al tratarse de recursos públicos. Según el documento, la medida se sustenta en criterios de la Suprema Corte que permiten que reformas constitucionales tengan efectos sobre actos ocurridos en el pasado sin violar el principio de irretroactividad de la ley.
Además, advierte que si no se corrigen estos esquemas en instituciones como Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el Banco de México o Nacional Financiera, las obligaciones presupuestarias podrían poner en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
El verdadero pulso político, sin embargo, se dará en las próximas horas. Cuando el dictamen llegue al pleno del Senado, la discusión no solo girará en torno al ahorro de recursos, sino al delicado equilibrio entre austeridad, derechos laborales y el combate a los privilegios dentro del aparato público.
