Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún.— Habitantes del ejido Alfredo V. Bonfil alzaron la voz para denunciar lo que consideran un trato desigual por parte de las autoridades en materia de regularización de predios y acceso a servicios básicos, al señalar que, a más de dos décadas de habitar en la zona, continúan sin drenaje ni agua potable debido a la falta de certeza jurídica sobre sus propiedades.
Un grupo de vecinos, encabezado por la académica y activista Celina Izquierdo, cuestionó los criterios aplicados por las autoridades, al afirmar que casos como el de la gobernadora Mara Lezama demuestran que la regularización sí es posible. “Si se pudo regularizar en su momento una propiedad en estas condiciones, exigimos que se nos brinde el mismo trato. No pedimos privilegios, pedimos justicia”, expresó.
Izquierdo subrayó que los residentes no se oponen a la regularización de predios de funcionarios o particulares, pero demandan que este proceso se extienda también a las colonias donde viven miles de familias. “Queremos certeza jurídica para acceder a servicios básicos que son un derecho, no un favor”, añadió.
En el mismo contexto, los vecinos denunciaron afectaciones ambientales en la zona, luego de que —según señalaron— un particular utilizó maquinaria pesada para desmontar un área verde de más de 130 metros sin contar con la señalización ni permisos correspondientes. Indicaron que, conforme a la normatividad, cualquier desarrollo debe exhibir información clara sobre la obra, lo cual no ocurrió en este caso.
Asimismo, alertaron sobre la proliferación de bodegas, algunas dedicadas al manejo de carne, que demandan grandes volúmenes de agua, mientras que los habitantes carecen del servicio. A esto se suma la descarga directa de residuos al subsuelo, lo que podría estar contaminando los mantos acuíferos, una problemática que, advirtieron, afecta no solo a Bonfil, sino a toda la población de Quintana Roo.
Tras más de 20 años de solicitudes sin respuesta a distintas administraciones municipales de Benito Juárez, los habitantes aseguraron estar dispuestos a colaborar e incluso invertir junto con las autoridades para resolver las problemáticas de infraestructura y lograr la regularización de aproximadamente 20 mil personas que habitan en la zona.
Finalmente, los quejosos hicieron un llamado para que no existan represalias en su contra por manifestarse públicamente. Reiteraron que su exigencia se centra en el acceso equitativo a servicios básicos y en el reconocimiento de derechos que, afirman, corresponden a todos los ciudadanos mexicanos.
