Redacción / Quintana Roo Ahora
A partir del 1 de abril, la Dirección de Tránsito del Estado arrancará un operativo permanente para sancionar a vehículos que circulen con polarizados irregulares o sin permiso. El anuncio llega después de que el primer trimestre del año fuera considerado como periodo de “regularización voluntaria”, una cortesía que, en los hechos, parece más antesala de recaudación que una política integral de movilidad.
La autoridad justifica la medida bajo argumentos de seguridad: los vidrios excesivamente polarizados dificultan la identificación de conductores, reducen la visibilidad y, en algunos casos, han sido utilizados para facilitar delitos o evadir responsabilidades tras incidentes viales. El planteamiento no es menor, pero tampoco es nuevo. La diferencia ahora está en el énfasis: más control… y más cobro.
Quien desee circular dentro de la norma deberá tramitar un permiso presentando copia de credencial de elector, licencia vigente, tarjeta de circulación, comprobante de domicilio y cubrir el pago correspondiente. El costo del permiso ronda los 950 pesos, aunque dependiendo del nivel de polarizado autorizado, el trámite incluye pagos adicionales de 493 o 583 pesos. Un esquema que, más que simplificar, parece diseñado para fragmentar el bolsillo del contribuyente.
El detalle que levanta cejas está en la vigencia: el permiso no dura un año completo desde su expedición, sino que vence en diciembre del mismo año, obligando a renovarlo en ciclos que pueden ser menores a 12 meses. Es decir, se paga como anual, pero no se disfruta como tal. Y si no se cumple, la multa puede alcanzar los 870 pesos.
El discurso oficial habla de orden y seguridad, pero la percepción ciudadana apunta a otra dirección: una política que carga sobre el automovilista sin resolver de fondo los problemas estructurales de movilidad y seguridad. Porque regular no es lo mismo que recaudar… aunque, en este caso, parezcan ir de la mano.
