Redacción / Quintana Roo Ahora
Ciudad de México.- En un país donde miles de ciudadanos esperan años para obtener justicia por delitos comunes, la maquinaria judicial volvió a sorprender con una resolución que inevitablemente genera indignación entre muchos quintanarroenses: Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo y uno de los rostros más emblemáticos de la corrupción política en la entidad, fue absuelto del delito de delincuencia organizada relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Sí, leyó usted bien.
El mismo exmandatario cuyo sexenio quedó marcado por denuncias de saqueo al patrimonio estatal, venta irregular de terrenos públicos y múltiples investigaciones federales, ahora recibe un fallo absolutorio por uno de los delitos más graves que enfrentaba.
El tribunal federal determinó que no existían elementos suficientes para condenarlo por delincuencia organizada y ordenó su libertad inmediata respecto a esa causa penal. Sin embargo, para tranquilidad de quienes ya imaginaban una celebración anticipada, Borge continuará en prisión debido a otros procesos judiciales que siguen abiertos en su contra.
Pero más allá del tecnicismo legal, la resolución vuelve a abrir una herida que nunca terminó de cerrar en Quintana Roo.
Porque mientras las autoridades explican que cada delito debe probarse de manera individual y que los jueces están obligados a resolver conforme a derecho, la percepción ciudadana suele moverse por otro carril: el de la memoria.
La memoria de hospitales abandonados.
La memoria de terrenos públicos vendidos a precios irrisorios.
La memoria de una administración que se convirtió en símbolo nacional de excesos y abuso del poder.
Por eso, cada vez que una resolución favorece a personajes vinculados a escándalos de corrupción, la reacción ciudadana suele ser la misma: incredulidad, enojo y una sensación de que la justicia camina a velocidades distintas dependiendo del apellido del acusado.
Resulta inevitable preguntarse cuántos ciudadanos comunes tendrían acceso a años de litigios, equipos especializados de abogados y recursos legales capaces de desmontar acusaciones que en su momento fueron presentadas como sólidas por las propias autoridades.
Y resulta igualmente inevitable cuestionar qué mensaje recibe la sociedad cuando uno de los casos más emblemáticos de corrupción política termina perdiendo fuerza en los tribunales.
La presunción de inocencia y el debido proceso son pilares fundamentales de cualquier Estado de derecho. Nadie debería ser condenado sin pruebas suficientes. Pero también es cierto que la confianza pública en las instituciones se erosiona cuando los grandes casos terminan atrapados entre tecnicismos, apelaciones, amparos y procesos interminables.
Por ahora, Roberto Borge seguirá tras las rejas por otras causas.
Pero la absolución anunciada esta semana deja una pregunta incómoda flotando en el ambiente:
Si después de años de investigaciones, millones de pesos invertidos en procesos judiciales y toneladas de expedientes, los delitos más graves comienzan a desmoronarse en los tribunales, ¿quién le explica a los ciudadanos dónde quedó la justicia que se prometió?
Porque para muchos quintanarroenses, la noticia no se siente como una victoria del Estado de derecho.
Se siente como otro recordatorio de que en México, cuando se trata de los poderosos, la justicia casi siempre encuentra la manera de ser extraordinariamente paciente.
