Redacción / Quintana Roo Ahora
CULIACÁN, Sinaloa.— Ciudadanos, empresarios vinculados a la Coparmex, integrantes del sector restaurantero y la diputada priísta Paola Gárate Valenzuela presentaron ante el Congreso de Sinaloa una solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, por presuntos actos y omisiones que, de acreditarse, podrían representar un perjuicio para los intereses públicos fundamentales y el buen despacho de la administración estatal.
De acuerdo con los promoventes, el documento contempla 16 hechos ocurridos durante el ejercicio del cargo de Rocha Moya. Entre los señalamientos se encuentran acontecimientos relacionados con las elecciones de 2021, incluida la presunta privación de la libertad de militantes y operadores de distintos partidos políticos, así como hechos relacionados con la entonces diputada y actual legisladora priísta Paola Gárate Valenzuela.
La exdiputada local Karla Montero explicó que la solicitud cuenta con el respaldo de ciudadanos y representantes de sectores productivos, entre ellos Marta Reyes, presidenta de Coparmex Sinaloa; el expresidente de Canirac, Miguel Taniyama; el activista Manlio Abel Jacobo Miller, así como Eduardo Cota y la propia Montero. Según lo expuesto, entre 20 y 30 personas respaldan inicialmente el procedimiento.
El expediente consta de 14 fojas y fue elaborado con asesoría jurídica. Los promoventes solicitaron al Congreso estatal darle trámite y, en su caso, convocar a una sesión extraordinaria para determinar si existen elementos para iniciar formalmente el procedimiento. También demandaron que la discusión y eventual votación sean públicas, a fin de que la ciudadanía conozca la postura de cada legislador.
Gárate Valenzuela confirmó que respaldará formalmente la solicitud y llamó a los diputados de oposición y a la ciudadanía a acompañar el procedimiento. La legisladora sostuvo que deben agotarse las vías institucionales para esclarecer los señalamientos y determinar, conforme a derecho, si existen responsabilidades. También cuestionó que la separación temporal de Rocha Moya pueda dejar abierta la posibilidad de un eventual regreso al gobierno estatal sin que antes se atiendan las acusaciones planteadas.
La solicitud se presenta en medio del proceso legislativo para definir quién concluirá el periodo constitucional de la gubernatura de Sinaloa. Gárate también pidió transparencia en los trabajos del Congreso, transmisión pública de las sesiones y diálogo con las distintas fuerzas políticas, organizaciones ciudadanas, sectores productivos y la academia.
La presentación de la solicitud no significa que el juicio político haya sido aprobado ni que Rubén Rocha Moya haya sido declarado responsable de los hechos señalados. Corresponderá al Congreso de Sinaloa revisar los requisitos legales, determinar la procedencia del expediente y, en su caso, continuar con las etapas establecidas en la legislación. Los señalamientos contenidos en la solicitud permanecen, por ahora, como acusaciones de sus promoventes y deberán ser analizados por las autoridades competentes.
