Redacción / Quintana Roo Ahora
Chetumal, Quintana Roo, 22 de octubre de 2026. — Una grave denuncia por presuntas irregularidades administrativas, negligencia médica, hostigamiento laboral y posibles anomalías en el manejo de 57 millones de pesos de recursos federales ha puesto bajo cuestionamiento al Hospital General de Zona con Medicina Familiar No. 1 (HGZ/MF No. 1) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en la capital de Quintana Roo.
El enfermero de base Edwin Ricardez Meneses hizo públicas una serie de acusaciones contra mandos del hospital y representantes sindicales, a quienes señala de presuntamente encubrir deficiencias sanitarias, ejercer represalias laborales y permitir condiciones que podrían poner en riesgo la vida de pacientes en estado crítico.
De denunciar un brote de sarna a perder su empleo
De acuerdo con el testimonio del trabajador, el conflicto comenzó cuando reportó un brote de escabiosis, conocida comúnmente como sarna humana, que presuntamente se originó en una paciente del área de diálisis.
Ricardez Meneses sostiene que las autoridades hospitalarias no aplicaron oportunamente los protocolos de aislamiento, lo que habría provocado contagios entre personal de enfermería, pasantes de medicina y trabajadores de lavandería.
Lejos de recibir respaldo institucional, asegura que fue objeto de represalias, acumulando diez notas de demérito y posteriormente la rescisión de su contrato.
El enfermero afirma que acudió a instancias laborales federales y obtuvo un laudo favorable que ordenó su reinstalación. Sin embargo, denuncia que, pese a regresar a su puesto, continúa enfrentando hostigamiento y mantiene pendientes reclamaciones económicas derivadas del litigio.
¿Dónde quedaron los 57 millones de pesos?
Uno de los señalamientos más delicados corresponde a una supuesta inversión federal extraordinaria de 57 millones de pesos, que, según el denunciante, debía destinarse a remodelar y equipar áreas críticas, espacios de aislamiento, hospitalización y ambulancias.
Ricardez Meneses asegura que, en lugar de realizar las mejoras médicas necesarias, las autoridades habrían privilegiado trabajos superficiales de pintura y fachada, mientras persistirían carencias de equipos indispensables para atender emergencias.
El trabajador solicita que se investigue el destino de esos recursos y se realice una auditoría física y financiera que permita determinar si fueron ejercidos correctamente.
Hasta el momento, la denuncia difundida no incluye documentación presupuestaria o resultados de auditorías que permitan confirmar un desvío de dinero, por lo que los 57 millones de pesos señalados y su presunto uso irregular requieren verificación oficial.
Pacientes graves estarían siendo atendidos sin equipo suficiente
La denuncia también describe una situación preocupante en la atención hospitalaria.
El enfermero acusa al subjefe de Enfermería, Juan Carlos Muñoz Góngora, de presuntamente asignarle de manera desproporcionada pacientes intubados o en condiciones críticas dentro de áreas de hospitalización general que, según su testimonio, carecen de monitores funcionales, ventiladores mecánicos y medicamentos necesarios para soporte vital.
Asimismo, sostiene que algunas indicaciones médicas para trasladar pacientes a hospitales de tercer nivel no serían atendidas oportunamente, situación que podría agravar su estado de salud.
Ricardez Meneses considera que estas asignaciones formarían parte de una estrategia de hostigamiento laboral destinada a provocar errores profesionales y generar nuevas quejas en su contra.
Estas acusaciones tampoco han sido corroboradas mediante una investigación independiente.
Piden intervención de Claudia Sheinbaum y Mara Lezama
Ante lo que considera una falta de respuesta institucional, Edwin Ricardez Meneses asegura haber presentado denuncias ante el Órgano Interno de Control del IMSS y la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social.
Además, solicitó la intervención directa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, para investigar las presuntas irregularidades.
Entre sus principales exigencias se encuentran una auditoría sobre los 57 millones de pesos, la investigación del presunto acoso laboral, el cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de su litigio y garantías para proteger su integridad profesional.
El IMSS, llamado a esclarecer las acusaciones
La denuncia plantea interrogantes sobre las condiciones de atención médica, la seguridad de los derechohabientes y la administración de recursos públicos destinados al hospital de Chetumal.
Por la gravedad de los señalamientos, resulta fundamental que las autoridades competentes revisen la documentación presupuestaria, las condiciones reales del equipamiento hospitalario y las denuncias laborales.
Hasta el momento, no se cuenta con una postura oficial del IMSS ni de los funcionarios señalados respecto de estas acusaciones. Los hechos descritos corresponden al testimonio del denunciante y no constituyen irregularidades acreditadas por una autoridad.
El caso podría convertirse en un nuevo foco de atención sobre la calidad de los servicios médicos públicos en Quintana Roo, particularmente si las investigaciones confirman deficiencias que comprometan la seguridad de los pacientes.
