Redacción / Quintana Roo Ahora
Chetumal, Quintana Roo, 10 de noviembre de 2026.– El escándalo por presuntas irregularidades en la contratación de material electoral, que derivó en la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), también ha puesto bajo escrutinio al Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), encabezado por Rubí Pacheco Pérez.
Una investigación publicada este martes por el periódico Milenio señala que el organismo electoral quintanarroense realizó adquisiciones millonarias a empresas mencionadas en la controversia nacional por los contratos de documentación electoral, con diferencias de precios que, en determinados artículos, superarían hasta 100 veces los costos utilizados como referencia en otras entidades.
Entre las compañías señaladas aparecen Litho Formas y Corporativo Zeg, vinculadas en los reportes periodísticos con la red empresarial de los hermanos Hernández Casillas, cuyos negocios han sido objeto de cuestionamientos por sus relaciones con proveedores del INE durante la gestión de Guadalupe Taddei.
El caso abre interrogantes sobre los mecanismos de contratación, la competencia entre proveedores y la supervisión del gasto público destinado a organizar las elecciones en Quintana Roo.
Contratos por más de 86 millones de pesos
De acuerdo con la investigación del periodista Rafael Montes, publicada por Milenio este 10 de noviembre, el IEQROO adjudicó directamente dos contratos para las elecciones locales de 2024, después de que ninguna de las empresas participantes resultara ganadora del procedimiento de licitación.
El primero fue otorgado a Litho Formas por 57 millones 585 mil 906 pesos, destinado a la producción de documentación electoral.
El segundo correspondió a Corporativo Zeg, por 28 millones 485 mil 52 pesos, para materiales electorales adicionales.
Ambos contratos representaron un gasto conjunto de aproximadamente 86 millones de pesos, en una entidad que contaba con alrededor de 1.4 millones de ciudadanos en su lista nominal.
Los precios que encendieron las alertas
La investigación comparó los precios pagados en Quintana Roo con los registrados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), que adquirió materiales mediante Talleres Gráficos de México.
Los resultados muestran diferencias considerables:
| Material electoral | Quintana Roo | CDMX |
|---|---|---|
| Sobre para resguardo de votos | $4,144.09 | $25.40–$40 |
| Cartel de cómputo distrital | $3,492.63 | $71.13 |
| Boleta electoral | $5.13 | $2.10* |
| Bolsa para boletas | $365.63 | $40 |
| Bolsa de expediente | $398.23 | $37 |
| Cartel de casilla especial | $735.57 | $58 |
*El precio de $2.10 corresponde al promedio nacional citado por Milenio, no exclusivamente a la Ciudad de México. Fuente: investigación de Milenio, 10 de noviembre de 2026.
El caso más llamativo corresponde al sobre para resguardo de votos, cuyo precio en Quintana Roo fue aproximadamente 104 veces mayor que el costo máximo de referencia de 40 pesos.
En el caso del cartel de resultados de cómputo distrital, la diferencia fue de 49 veces.
Aunque estas comparaciones no acreditan por sí solas un delito, plantean interrogantes sobre las especificaciones técnicas, cantidades adquiridas, condiciones contractuales y criterios utilizados para autorizar los precios.
Quintana Roo gastó casi lo mismo que CDMX, pese a tener menos electores
Otro de los datos relevantes es la comparación del gasto total.
Mientras Quintana Roo destinó aproximadamente 86 millones de pesos a documentación y materiales electorales para una lista nominal de 1.4 millones de personas, la Ciudad de México gastó 94.59 millones para cerca de 7.9 millones de electores.
Esto representó un gasto aproximado de 61.47 pesos por elector potencial en Quintana Roo, frente a 11.94 pesos en la capital del país.
La diferencia supera cinco veces el costo por elector, aunque para determinar si existieron pagos injustificados sería necesario comparar integralmente los materiales, cantidades y características de ambos contratos.
Rubí Pacheco reconoce contrataciones con empresas señaladas
Los cuestionamientos no son nuevos.
El pasado 29 de octubre, la presidenta del IEQROO, Rubí Pacheco Pérez, confirmó que el instituto había contratado empresas mencionadas en las investigaciones periodísticas nacionales.
En particular, informó que durante la elección judicial de 2025 se otorgaron contratos por 34 millones de pesos a Litho Formas y 15 millones a Cajas Graf.
Pacheco explicó que ordenó recopilar la documentación correspondiente para atender posibles requerimientos de las autoridades fiscalizadoras.
También sostuvo que las empresas no estaban inhabilitadas para participar en los procedimientos y que, hasta ese momento, no tenía conocimiento de una investigación formal contra el instituto.
La funcionaria aseguró que el organismo se había ajustado a sus normas de adquisiciones y señaló que las sesiones del comité de compras son públicas desde las modificaciones realizadas durante su administración.
El caso Taddei y las investigaciones nacionales
El señalamiento contra proveedores electorales adquirió dimensión nacional tras la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE, formalizada el 26 de octubre.
Su salida ocurrió en medio de investigaciones y cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés, colusión entre proveedores y adjudicaciones relacionadas con empresarios cercanos a la exfuncionaria.
El 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum abordó públicamente el caso y señaló que corresponde a las autoridades competentes determinar las responsabilidades.
También cuestionó que se atribuyera automáticamente a Morena la trayectoria de Taddei y pidió fortalecer los mecanismos de transparencia y comparación de precios en las contrataciones electorales.
Hasta ahora, los elementos consultados no permiten confirmar la existencia de una instrucción general del partido para que legisladores y gobernadores difundieran mensajes coordinados de deslinde, como sostiene otra versión periodística.
¿Habrá consecuencias para el IEQROO?
La información publicada coloca bajo escrutinio las decisiones administrativas del instituto y plantea la necesidad de revisar los expedientes de contratación de 2024 y 2025.
Entre los aspectos que requieren aclaración se encuentran las razones por las que se recurrió a adjudicaciones directas, la evaluación de las propuestas económicas, las condiciones de entrega y la justificación de las diferencias de precios.
También será relevante determinar si existieron vínculos empresariales capaces de afectar la competencia entre participantes.
Por el momento, no se ha acreditado una responsabilidad administrativa o penal de Rubí Pacheco ni se ha anunciado una modificación en la integración del Consejo General del IEQROO como consecuencia de estas publicaciones.
La existencia de contratos y diferencias de precios tampoco demuestra, por sí sola, que haya ocurrido corrupción.
Sin embargo, las cifras difundidas por Milenio abren un debate sobre la rendición de cuentas en el organismo encargado de organizar las elecciones locales de Quintana Roo.
La pregunta central es cómo se justificaron adquisiciones de materiales electorales con diferencias de precio tan elevadas y si los procedimientos garantizaron las mejores condiciones para el uso de recursos públicos.
La transparencia de los contratos y una revisión técnica independiente serán fundamentales para esclarecer el destino de los más de 86 millones de pesos destinados a estas adquisiciones.
Fuente principal: Investigación de Milenio, publicada el 10 de noviembre de 2026.
