Redacción / Quintana Roo Ahora
Cancún, Quintana Roo, 17 de noviembre de 2026.— José Isidro Santamaría Casanova, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Quintana Roo, fue sentenciado a 16 años, 10 meses y 15 días de prisión por el delito de trata de personas en su modalidad de explotación sexual, tras acreditarse su responsabilidad en hechos relacionados con mujeres extranjeras que trabajaban en establecimientos nocturnos de Cancún.
La sentencia, dictada por un juez federal el pasado 12 de noviembre, fue dada a conocer este martes por el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, durante la conferencia del Gabinete de Seguridad.
De acuerdo con las investigaciones, el caso se remonta a 2019, cuando el líder sindical era propietario de dos bares en Cancún, donde mujeres extranjeras eran sometidas a explotación sexual mediante amenazas, engaños y el aprovechamiento de su situación migratoria.
Las autoridades documentaron que las víctimas eran obligadas a ofrecer servicios sexuales, mientras se les imponían cobros y multas relacionados con su traslado a México. Incluso, se reportó la retención de pasaportes como mecanismo de control.
Sin embargo, esta no es la única situación legal que enfrenta el dirigente cetemista, quien también está vinculado a proceso por su presunta participación como autor intelectual en el homicidio de Luis Fernando Peón Cardín, trabajador de la organización sindical asesinado en julio de 2018.
Por este segundo caso, Santamaría permanece sujeto a un proceso penal y prisión preventiva, sin que hasta el momento se haya informado de una sentencia definitiva.
Lo que también llama la atención es que, pese a sus problemas legales y a permanecer encarcelado, Santamaría Casanova continuaba figurando como dirigente de la CTM en Quintana Roo, sin que se hubiera anunciado oficialmente su destitución.
La condena representa un nuevo capítulo en el caso judicial de uno de los dirigentes sindicales más conocidos de Quintana Roo, quien ahora deberá enfrentar una pena de casi 17 años de prisión por explotación sexual, mientras continúa pendiente la resolución del proceso por homicidio.

