En los últimos seis años, se ha registrado un alarmante aumento del 163% en las solicitudes de protección con seguridad del Estado por parte de candidatas y candidatos federales en México. A medida que nos acercamos a los comicios del 2 de junio, esta tendencia ha alcanzado cifras preocupantes.
A dos meses y medio de las próximas elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha registrado un total de 79 solicitudes de protección, en comparación con las 30 solicitudes reportadas a fines de mayo de 2018. Este incremento revela un claro indicador del clima de riesgo en el que se desenvuelven los aspirantes políticos en el país.
Según el último informe, las entidades con mayor número de peticiones de seguridad son Morelos, Estado de México, Chiapas, Baja California y la Ciudad de México. Entre los candidatos que han solicitado protección, se destacan tres aspirantes a la Presidencia de la República y cinco que compiten por una de las nueve gubernaturas en disputa, con dos casos en Morelos y uno en Chiapas, Guanajuato y la Ciudad de México, respectivamente.
El mapa de asesinatos, ataques, secuestros y amenazas publicado por Excélsior el pasado 1 de marzo señala a Veracruz, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, Estado de México y Morelos como los estados más peligrosos para las personas involucradas en el proceso electoral.
En lo que va del actual proceso electoral, se han registrado 43 asesinatos relacionados con los comicios, de los cuales 21 eran aspirantes a una candidatura, según datos proporcionados por el Laboratorio Electoral. Lamentablemente, estas cifras se ven subrayadas por trágicos eventos como el reciente asesinato de Joaquín Martínez, aspirante a la reelección en la alcaldía de Chahuites, Oaxaca, quien fue ultimado dentro de su propia casa.
Este aumento significativo en las solicitudes de protección y los casos de violencia política evidencian la urgente necesidad de abordar la seguridad de los candidatos y candidatas, así como de fortalecer las medidas para garantizar elecciones libres y justas en México.
