En un acto que roza lo surrealista, el Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) ha emitido una sentencia que desafía cualquier noción de coherencia y sentido común. En un abrir y cerrar de ojos, han descartado los estándares internacionales establecidos para la determinación de la discapacidad, como si se tratara de meros detalles sin importancia. ¿Para qué molestarse en adherirse a parámetros globalmente aceptados cuando podemos basarnos en un simple certificado médico local?
Esta decisión, tomada en una especie de maratón jurídico digna de Guinness, ha abierto las puertas de par en par a un escenario tan desalentador como absurdo. Ahora resulta que cualquiera, desde un diputado hasta el más pintoresco personaje de la farándula política local como el caso de Paola Moreno, “débil visual”, podría reclamar una pensión por discapacidad ante el Gobierno Federal. ¿Qué sigue? ¿Premiarán con medallas de honor a quienes logren atarse los zapatos solos?
En esta hipotética procesión de discapacitados que se avecina, podríamos encontrarnos con una lista de nombres que bien podrían protagonizar un episodio de la más reciente telenovela política: Paola Moreno, Andrea González, José Luis Chacón y el infaltable José Luis «Chanito» Toledo Medina. ¿Qué mejor manera de adornar el circo político que con un desfile de aquellos cuyas discapacidades parecen más mentales que físicas?
Pero el disparate no termina ahí. El Teqroo también ha decidido dar un paseo por el terreno de la acción afirmativa indígena, relajando cualquier control que pudiese suponer un mínimo de seriedad en el proceso. Ahora, gracias a la diligencia de Morena, la «ligereza» para presentar candidaturas de discapacitados e indígenas se ha convertido en el pan nuestro de cada día para todos los partidos y coaliciones.
En resumen, bienvenidos al circo electoral, donde la cordura y el sentido de responsabilidad son meros espectadores en un espectáculo de absurdos. Mientras tanto, aquellos que genuinamente necesitan apoyo y reconocimiento por sus discapacidades quedan relegados a un segundo plano, víctimas de la incompetencia y la frivolidad de quienes deberían velar por sus derechos.
