En un golpe devastador para la transparencia financiera en Quintana Roo, la Auditoría Superior del Estado (Aseqroo) ha puesto al descubierto un presunto desfalco de proporciones monumentales en la Cuenta Pública 2021. La impactante cifra de 109 millones 108 mil 609 pesos ha sido señalada como fondos no justificados por 21 entidades gubernamentales, abarcando ayuntamientos, institutos, universidades y dependencias.
El titular de la Aseqroo, Manuel Palacios Herrera, entregó esta alarmante información a los diputados del Congreso del estado, revelando la incapacidad de diversas entidades para esclarecer el destino de los fondos a lo largo de prácticamente todo el 2022.
Municipios en el ojo del Huracán: Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres
Entre las entidades señaladas, destacan los municipios de Solidaridad, Puerto Morelos e Isla Mujeres, con acusaciones serias de mal manejo de fondos públicos.
En Solidaridad, la administración de Laura Beristain de Morena está bajo el escrutinio, con un presunto desfalco de 8 millones 235 mil 237 pesos en las arcas municipales. Además, se suman las observaciones reportadas en al menos tres institutos del municipio, y las detecciones en la Cuenta Pública 2020. Los Institutos de la Juventud y de las Mujeres en Solidaridad reportaron observaciones significativas que no pudieron subsanarse, contribuyendo al descontento ciudadano. La incapacidad para comprobar el ejercicio de 1 millón 219 mil 12 pesos en obra pública agravan aún más la situación.
Puerto Morelos, en el último año de gobierno de Laura Fernández Piña, no se queda atrás. Se registró un presunto desvío de 15 millones 845 mil 646 pesos, de los 16 millones 224 mil 441 pesos observados en el primer ejercicio. Estos números revelan una gestión financiera cuestionable y arrojan dudas sobre la administración de recursos públicos en el municipio.
Isla Mujeres, bajo la administración de Juan Carrillo Soberanis, ha sido escenario de un escandaloso desfalco que inicialmente se estimó en más de 90 millones de pesos destinados a la colocación de lámparas LED en diversas áreas. Sin embargo, la investigación desenterró un fraude aún mayor, ya que se utilizaron lámparas chinas de bajo costo, elevando el monto del desvío a 180 millones de pesos. Este caso pone de manifiesto prácticas corruptas que socavan la confianza pública en las instituciones locales.
Ante estas revelaciones alarmantes, la ciudadanía exige respuestas y rendición de cuentas. Las autoridades competentes deben actuar con celeridad para esclarecer los presuntos desfalcos y llevar a los responsables ante la justicia. Además, se plantea la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control para prevenir futuros actos de corrupción.
En tanto, la administración de Víctor Mas Tah en Tulum registró un presunto desfalco de 6 millones 313 mil 600 pesos, que hasta el momento no se ha podido justificar.
Cabe mencionar que como parte de estas irregularidades aparece Yohanet Torres Muñoz, quien se encontraba al frente de la Sefiplan durante la administración de Carlos Joaquín, y que al parecer, pasó por alto las irregularidades, pues nunca prendio las alertas al respecto.
Este escándalo financiero en Quintana Roo no solo afecta las arcas públicas, sino que socava la confianza de la población en sus líderes y en las instituciones gubernamentales. En un momento en el que la transparencia y la integridad son más cruciales que nunca, estos eventos subrayan la urgencia de abordar la corrupción en todos los niveles del gobierno y restaurar la confianza de la ciudadanía en el sistema.