La presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, confirmó que se espera recaudar la suma de 200 millones de pesos por concepto de derecho de saneamiento ambiental aplicado a las casas de alojamiento tipo Airbnb y Booking.
Esta cifra representaría ingresos adicionales para el ayuntamiento, ya que no está contemplada en el presupuesto de ingresos actual.
Peralta explicó que la inclusión de las rentas vacacionales, como Airbnb, en el derecho de saneamiento ambiental es el resultado de una colaboración con el Estado. Afirmó que no se requerirán modificaciones en la ley, sino que el proceso se llevará a cabo mediante coordinación y reuniones conjuntas con el Estado.
«Estamos hablando de aproximadamente 200 millones de pesos, sí se incluyéramos a todos, es un trabajo bastante complejo porque es un trabajo también de hacer visitas, de hacer invitaciones, pero que al final creemos que, con el trabajo colaborativo con el Gobierno del Estado, se va a hacer posible», señaló la presidenta municipal.
En cuanto al número de viviendas, Ana Paty Peralta indicó que se estima que existen alrededor de 12 mil propiedades inmuebles que podrían estar sujetas a este derecho de saneamiento. “Se está llevando a cabo un estudio de análisis para determinar estrategias y facilitar el proceso de registro y pago de los derechos correspondientes” mencionó.
También dijo que desde el año pasado se incluyó la actividad de rentas vacacionales en la normativa, y los contribuyentes tienen la obligación de inscribirse en el padrón municipal y cumplir con los pagos correspondientes.
Además, se plantea la posibilidad de incluir a las asociaciones de rentas vacacionales en el Comité de derecho de saneamiento ambiental, similar a las asociaciones de hoteles y complejos turísticos ya presentes en dicho comité. Sin embargo, aclaró que el comité ya está conformado según las reglas de operación establecidas.
En relación con la distribución de los ingresos generados por este derecho de saneamiento, detalló que el 50% se destinará a la ciudad en temas de infraestructura, el 20% se asignará a cuestiones de seguridad, incluyendo bomberos y protección civil, y el 30% se dirigirá a playas y contingencias, creando un fondo para situaciones de emergencia.