Hugo Alday, presidente de la Comisión de Justicia, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Juicio Político, centrada principalmente en la modificación de plazos, donde se plantea un periodo de 60 días para que la Comisión de Justicia emita su dictamen sobre la procedencia del juicio, con el fin de agilizar este tipo de procedimientos.
«Acabamos de presentar una iniciativa de ley en donde estamos impulsando una nueva ley de juicio político, retomamos algunos aspectos de otras normas, pero en lo particular lo que estamos estableciendo de inicio y como avance es que existan términos que antes no había”, explicó.
La reforma aborda la carencia de plazos específicos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que permitía la ratificación del juicio político en tan solo tres días, dejando posteriormente un periodo sin límite temporal. “Con la propuesta de reforma, se busca imponer un plazo concreto de 60 días para que la Comisión de Justicia determine la procedencia o no del juicio político, agilizando así el proceso y asegurando una pronta resolución”, precisó.
Otra novedad de la propuesta es que una vez dictaminado por la Comisión de justicia, se establece un plazo de quince días hábiles para la instalación de la Comisión de Proceso Jurisdiccional que se encargará de estudiar, analizar y determinar la procedencia de la denuncia emplazando al denunciado y haciéndole saber sus derechos y las pruebas admisibles en el procedimiento.
Para abonar a la transparencia, se propone que la audiencia de pruebas y alegatos sea pública, y las partes podrán comparecer asistidas de su abogada o abogado defensor respectivo.
La Comisión de Proceso Jurisdiccional tendrá un término de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que se hubiera desahogado la diligencia procesal para emitir un proyecto de resolución, informando dentro del plazo de tres días naturales siguientes a la Mesa Directiva de la Legislatura sobre la imputación que proceda para que sea el Pleno quien se establezca en jurado de sentencia para debatir y votar sobre la resolución correspondiente, pudiendo generarse la inhabilitación o la separación del cargo e inhabilitación hasta por 20 años del imputado.
Con lo que se establece una propuesta formal del proceso a seguir en las denuncias de juicio político que es inexistente en el Estado de Quintana Roo y donde a decir del legislador se busca combatir la corrupción y a la impunidad, así como a la transparencia y respeto a las garantías procesales de las partes.
El legislador del Partido del Trabajo (PT) también reveló que al recibir la Comisión de Justicia, ha tenido conocimiento de 22 expedientes de juicio político, originados en diversas legislaturas.
De estos, 12 ya fueron resueltos en un año, mientras que en este momento 2 están en revisión, con la posibilidad de ser desechados debido al paso del tiempo, es decir, ha vencido el plazo para determinar una sanción, que es a de un año de conformidad con la Constitución del Estado.