A pesar de la prohibición de la subcontratación de personal en México, en Quintana Roo, las empresas continúan recurriendo a trabajadores «reclutados» por terceros, especialmente en sectores como la construcción, la hotelería y la restauración.
Según datos obtenidos a través de solicitudes de transparencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo, en el último año se han impuesto multas por un total cercano a los 6.8 millones de pesos a empresarios involucrados en estas prácticas.
Un ejemplo destacado es un hotel en Tulum, al que se le ha iniciado un procedimiento de multa de 3 millones de pesos por negarse a contratar directamente a sus empleados, lo que afecta sus derechos laborales, incluyendo el pago de prestaciones completas. La información sobre este hotel se mantiene en reserva debido a que su caso aún está en proceso, desencadenado por denuncias presentadas por los propios trabajadores.
Flor Ruiz Cosío, titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), señaló que al menos una de cada 10 empresas en los sectores turístico y de la construcción en el Caribe Mexicano no ha adoptado las disposiciones establecidas en la reforma de 2021 a la Ley Federal del Trabajo, que limita significativamente la práctica del outsourcing.
«Es un esfuerzo para brindar justicia a los trabajadores. La ley ya está, ahora falta que las personas denuncien de manera anónima a través de la página de la secretaría, especialmente en casos donde se les paga en efectivo a través de otras empresas», declaró Ruiz Cosío.
No obstante, la funcionaria destacó que existen situaciones en las que se permite la subcontratación, como cuando se requieren servicios de personas que no forman parte del objeto social o actividad económica principal de la empresa. Sin embargo, en estos casos, la subcontratación debe realizarse exclusivamente con empresas que cuenten con un registro vigente en el Padrón Público de Contratistas de Servicios Especializados u Obras Especializadas (Repse).