Redacción / Quintana Roo Ahora
Yucatán.- El 11 de agosto de 2023, el gobierno de Yucatán, encabezado por Mauricio Vila Dosal del Partido Acción Nacional (PAN), concretó la venta de la histórica finca de los cenotes Xkekén y Samulá, ubicada en Valladolid, junto con dos lotes fraccionados de la misma, a dos empresas de Mérida. Los terrenos, que suman un total de 161,170.68 metros cuadrados, fueron vendidos a precios sorprendentemente bajos: 38, 37 y 43 pesos por metro cuadrado. Estas transacciones resultaron en un presunto quebranto al erario yucateco de al menos $1,439,204.98, según el valor catastral de los terrenos.
La historia de la finca Xkekén se remonta al 22 de mayo de 2006, cuando la entonces gobernadora Ivonne Ortega Pacheco, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), expropió la propiedad al comerciante Carlos Renán Cámara Sosa bajo el argumento de utilidad pública. Ortega Pacheco justificó la expropiación con la promesa de desarrollar un proyecto ecoturístico que beneficiaría a los habitantes de la comisaría de Dzitnup y protegería la flora y fauna locales.
Sin embargo, la reciente venta ha suscitado controversias. Por una de las dos compañías compradoras firmó un joven empresario de Ciudad de México, lo que añade un matiz inesperado al asunto. A pesar de que el valor catastral de los terrenos asciende a $8,137,180.91, las empresas adquirieron los lotes por solo $6,697,975.93, lo que genera dudas sobre la transparencia y la equidad de la transacción.
Además, es importante destacar que durante el tiempo en que el predio estuvo bajo la administración de Cultur, el erario estatal invirtió alrededor de $35 millones en la construcción de un parador turístico en la finca Xkekén, y en otros proyectos de mejora. El impacto de estas inversiones no fue menor, ya que solo entre enero y agosto de 2018, 154,393 turistas visitaron el cenote Xkekén, con un promedio de 643 visitantes al día.
Este presunto daño patrimonial, sumado a las considerables inversiones previas, plantea serias interrogantes sobre la gestión de los recursos públicos y la protección del patrimonio estatal en Yucatán.